El Congreso mexicano dio luz verde a una reforma importante al sistema de amparo , impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de facilitar el cobro de créditos fiscales bloqueados por juicios de amparo interpuestos por grandes contribuyentes.
La reforma fue aprobada por el Senado con mayoría del oficialismo, sin pasar por comisiones, lo que generó críticas por el método usado. Algunos artículos transitorios permiten aplicar la norma a casos en curso, lo que ha levantado dudas sobre su constitucionalidad.
La modificación redefine quién puede promover un amparo y bajo qué condiciones, limitando algunos recursos judiciales que antes podían usar los grandes deudores para retrasar el pago de sus obligaciones fiscales .
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