DESAGUADERO, Bolivia (AP) — Alimentos básicos que escasean en la mesa de los bolivianos como el huevo, el aceite, el arroz y hasta el pan casero cruzan de madrugada en precarios botes hacia Perú, donde triplican su precio.

En el pueblo fronterizo de Desaguadero el contrabando se mueve a sus anchas y los curiosos son vigilados por cientos de ojos. Mujeres y hombres cargan productos y cruzan al vecino país en un viaje que toma sólo unos minutos, mientras los militares desvían la vista del trasiego de productos a través del lago Titicaca, un mar azul en medio de la cordillera de los Andes.

Situada a dos horas al noreste de La Paz, Desaguadero bullía de comercio callejero hasta hace dos años. Allí ingresaban alimentos peruanos gracias a la paridad de las monedas, lo que ayudaba a mantener a raya la inflación en Bolivia. Hoy un sol peruano vale casi cuatro veces más y el contrabando se ha invertido. Pocos bolivianos van a vacacionar a las playas peruanas, pero los peruanos llegan en oleadas para ir de compras a La Paz atraídos por la cercanía y los precios bajos.

“El agio, la especulación y el contrabando están empeorando la situación, incrementando los precios en algunos casos hasta en 300%, como en los medicamentos”, dijo a The Associated Press el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

Hace unas semanas Silva fue correteado por vendedoras en un popular mercado callejero cuando controlaba los precios.

“A Brasil sale carne donde tiene mayor precio, a Perú el pollo”, dijo Silva. A Argentina y Paraguay otros productos básicos. La gente tiene que llevar hasta cinco veces más dinero para hacer sus compras en Desaguadero, según el funcionario.

El contrabando de alimentos está recalentando la peor crisis económica del país en 40 años y llevando al límite la paciencia de los bolivianos que el domingo volverán a las urnas en una inédita segunda vuelta presidencial.

La escasez de combustibles y el alza en el costo de vida provocaron una catastrófica derrota en la primera vuelta del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó el país por casi 20 años con Evo Morales (2006-2019) y el actual mandatario Luis Arce (2020).

El senador centrista Rodrigo Paz, sorpresivo ganador de la primera vuelta, y el expresidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga, se medirán en el balotaje.

Quiroga, un economista liberal, propone un ajuste severo para frenar el gasto mientras Paz busca atraer al electorado de distintas tendencias promoviendo medidas que no impliquen grandes recortes.

Quiroga ha anunciado un “plan de salvataje” que conllevaría eliminar el costoso subsidio a los carburantes, terminar con el déficit fiscal acudiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un fondo de estabilización, recortar el gasto público y cerrar las empresas estatales deficitarias.

Paz sugiere eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles, bonos compensatorios para estudiantes y ancianos y una distribución equitativa de los ingresos entre el Estado central y las regiones.

El Banco Mundial proyecta que la economía boliviana se contraerá 0,5% este año y las perspectivas para 2026 y 2027 ubican a Bolivia, junto con Haití, como uno de los pocos países de la región de crecimiento nulo.

Sentado en un camión mientras hace fila para cargar combustible, el transportista Juan Quispe escucha música que sale de su teléfono móvil, mueve la cabeza al ritmo de una cumbia y hace un gesto de aburrimiento cuando la tonada se ve interrumpida por una propaganda electoral.

Quispe dijo que votará por Quiroga por su experiencia como mandatario en 2001 y 2002, aunque se mostró escéptico de que logre resolver la crisis.

“Cualquiera que gane, va a haber cambios y van a quitar la subvención a los carburantes y nosotros sabemos (que) si sube la gasolina sube todo”, afirmó el chofer.

Las filas para cargar combustible se han vuelto recurrentes y hasta el Tribunal Supremo Electoral ha pedido que se garantice el abastecimiento para trasladar el material electoral a todas las regiones. “Es un tema que nos preocupa, el combustible es imprescindible”, dijo Gustavo Ávila, vocal del tribunal.

La importación de combustible está ligada a la disponibilidad de dólares, pero después de dos años de escasez de la divisa la gasolina y el diésel han sido racionados en diversas ocasiones.

Bolivia importa combustible a precio internacional y lo vende en moneda local subvencionando su costo en casi un 50%, lo que constituye uno de los mayores gastos del Estado.

Días atrás el presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, reconoció el desabastecimiento y advirtió que no se puede importar el 100% de los combustibles y que se hará en un 70% a 80%.

Quispe ansía que el próximo presidente traiga los dólares que hacen falta con “ajustes certeros y rápidos”.

Pero las medidas del nuevo gobierno no serán rápidas, dijo a AP Claudia Pacheco, presidenta del colegio de economistas de Santa Cruz, el motor productivo del país, debido a que el Estado destina más de 2.000 millones de dólares a importar combustible. “Ese monto no lo tenemos, entonces se debe garantizar este dinero, leyes, ajustes y eso va a tomar tiempo”, agregó.

La escasez no sólo causa frustración entre los transportistas —que se han declarado en emergencia— sino también entre los productores de alimentos porque muchos de los camiones están parados en las gasolineras sin poder distribuir la mercancía.

Los agroindustriales han manifestado una alta preocupación debido a que la siembra está siendo perjudicada en la región de Santa Cruz.

En este contexto se han disparado los precios de los alimentos y Bolivia sufre una de las inflaciones más altas en los últimos años.

En el mercado en Villa Fátima, un barrio en el noreste de La Paz, la vendedora de frutas Emilia Rocha señaló que el próximo gobierno debe detener la escalada de precios. “Si suben más los productos no va a haber mucha venta, necesitamos medidas que no nos afecten mucho, pero que sean efectivas”, indicó.

Rocha expresó que su opción es Paz porque quiere caras nuevas, que no hayan estado antes en un gobierno nacional y que reactiven la economía y el empleo. “Necesitamos que se garantice una lucha real contra la corrupción, en estos 20 años han hecho lo que han querido y estamos ahora en crisis”, dijo la vendedora.

El ama de casa Rosa Tovar afirmó, en cambio, dijo que no está de acuerdo con ninguno de los dos aspirantes a la presidencia. La mujer ha incrementado en los últimos días las provisiones de alimentos no perecederos y productos de limpieza para unos tres meses temiendo una posible disparada de precios.

—————-

Flores reportó desde La Paz.