Ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio alegando su derecho a la reinserción social, determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras revocar el fallo de un tribunal que había avalado bajar a 42 años y medio la pena máxima de 50 años de prisión impuesta a Diego Urik Mañón por el brutal feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor en 2020.

“Estamos frente al asesinato de una mujer que murió por traumatismo craneoencefálico, o sea, el agresor le destruyó la cabeza y además la abandonó en un lugar despoblado. Entonces, estos elementos creo que obligan a revisar el actuar de la autoridad que confirmó que disminuyó la pena y, en consecuencia, sí se tiene que revalorar estas circunstancias”, afirmó el ministro preside

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