**Congreso exige justicia tras trágica muerte en protestas** La Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú ha expresado su profundo pesar por la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años, quien falleció tras recibir un disparo durante las protestas sociales del miércoles 15 de octubre en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima. El Poder Legislativo ha solicitado a las autoridades competentes que se realice una investigación rápida, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y el motivo de su fallecimiento. En un comunicado, la Mesa Directiva afirmó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, el mismo que debe ser investigado y esclarecido, tanto sus circunstancias como el móvil. Expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia Ruiz Sáenz”. La Fiscalía confirmó que Ruiz murió a causa de un disparo de arma de fuego, lo que ha llevado a familiares, amigos y al propio Congreso a exigir justicia. En su pronunciamiento, la Mesa Directiva también condenó los actos de violencia ocurridos en el Centro de Lima, tanto contra los manifestantes como contra los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Rechazamos toda forma de violencia. Que este lamentable suceso nos lleve a una reflexión profunda como sociedad: el Perú necesita reencontrarse en el respeto, la empatía y el diálogo. Ninguna causa justifica la violencia ni la pérdida de vidas humanas”, se lee en el comunicado. Además, el Congreso expresó su solidaridad con la PNP, cuyos agentes han sido víctimas de ataques violentos, que según el Parlamento, han sido perpetrados por delincuentes infiltrados en las marchas. Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Parlamento, también se pronunció en redes sociales, calificando a los manifestantes violentos como una “pequeña minoría violenta” y advirtiendo sobre el riesgo que representan para la sociedad. El Congreso ha hecho un llamado a la paz y al respeto durante las manifestaciones, enfatizando que deben ser espacios de reclamo pacífico y no de violencia. La situación actual ha generado un debate sobre la necesidad de garantizar la seguridad y el derecho a la protesta en el país.