Rosell, que era uno de los principales activos de Podemos, sufrió una conspiración para acabar con su carrera y dimitió cuando el Supremo admitió una querella contra ella. Era inocente y solo pudo volver a la política tres años después

La mayoría de los partidos se planta ante la injerencia del juez Puente para expulsar a Ábalos del Congreso

La intromisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente al pedir en su auto sobre José Luis Ábalos una “reflexión” acerca de la pertinencia de una reforma del Congreso para evitar que pueda seguir siendo diputado ha suscitado el rechazo de la mayoría de los grupos parlamentarios. La jueza y exdiputada Victoria Rosell, quien sufrió una conspiración para tumbarla por medio de una causa judicial manipulada, se suma a las voces críticas y afirma en declaraciones a elDiario.es que los magistrados no pueden tener “el poder de alterar la composición del Poder Legislativo”.

Victoria Rosell era en 2016 uno de los principales activos de Podemos. Jueza de carrera, formaba parte de la nutrida lista de miembros de la sociedad civil que abrazaron el proyecto que lideraba Pablo Iglesias. Cabeza de cartel por Las Palmas en las elecciones de diciembre de 2015, dimitió unos meses después cuando el Tribunal Supremo admitió una querella del por entonces ministro José Manuel Soria contra ella. El código ético de su partido le impidió además volver a presentarse en la repetición electoral de junio de 2016.

El caso fue archivado, pero fue utilizado mediáticamente contra Podemos. Pero no solo eso: el juez Salvador Alba fue condenado por conspirar precisamente contra Victoria Rosell. La justicia ha acreditado que inventó pruebas contra ella, y que estas fueron utilizadas por el exministro del PP para intentar acabar con su carrera.

Rosell era inocente. Ella lo sabía, y desde el principio defendió que el suyo era un caso de persecución política con uso de los tribunales y de los medios de comunicación. ‘Lawfare’. Aun así, dimitió en cuanto la querella fue admitida a trámite, y solo pudo volver a la política en 2019.

Hoy justifica su decisión. “Al día siguiente de que el Supremo admitiera la querella falsa y tramposa del PP, yo dimití”, rememora en conversación con elDiario.es. “Fue una opción personal, éticamente era la decisión más correcta para salvaguardar las instituciones”, afirma. Rosell asume que un diputado por sí mismo “no tiene mucho poder”, pero cree que “no se debe manchar el trabajo parlamentario con la defensa personal”. “Tenemos ejemplos actuales, como el presidente de la Comunidad Valenciana [Carlos Mazón], y otros anteriores, cuyas actuaciones se leen mejor en clave de defensa penal que en clave de gestión política”, afirma.

Rosell vivió un calvario personal y político hasta que el Supremo tuvo que archivar la querella planteada por Soria contra ella. En 2019 pudo volver a presentarse a las elecciones, y en 2020 fue designada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Pero Rosell rechaza el planteamiento del juez que instruye el ‘caso Koldo’ sobre la necesidad de quitar el escaño a los diputados investigados. “Como ciudadana y como magistrada”, asegura, “creo que los jueces no podemos tener el poder de alterar la composición del Poder Legislativo imputando a un miembro del Congreso o del Senado”. La magistrada recuerda que, de hecho, “en casos graves” como el terrorismo, “el artículo 384bis de la LeCrim) lo permite desde hace años”.

Rosell explica que es “esencial en un sistema democrático que los jueces, que son el menos democrático de los poderes, no afecte al poder que representa la soberanía popular”, es decir, al Legislativo. Y recuerda que existe la figura del suplicatorio, el mecanismo que los jueces activan para pedir permiso a las Cortes Generales para investigar a sus miembros. “El suplicatorio y la inmunidad parlamentaria obedecen a garantías frente al poder absoluto del rey y del Poder Judicial”, sostiene.

La exdiputada recuerda el caso del que fuera compañero de bancada, Alberto Rodríguez, a quien el Supremo desposeyó de su escaño con la ayuda de la entonces presidenta del Congreso, Meritxel Batet, aunque su causa fue luego anulada en parte.

“En la práctica, se alteró la soberanía popular”, acusa Rosell, quien traza un paralelismo con su propio caso. También asume que un movimiento como el planteado por Puente no solo afecta a los derechos fundamentales de los diputados, “también al de participación política de quienes hayan votado”.

Rosell concluye que la defensa de la independencia de los poderes públicos y el respeto a la labor de los parlamentarios “no se pueden usar solo como coletillas o prefacios para añadir luego un ‘pero”.