La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el reciente aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos y bebidas azucaradas. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que esta medida no busca incrementar la recaudación fiscal, sino mejorar la salud pública, especialmente en la lucha contra la obesidad infantil y enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. "El objetivo no es recaudar dinero, sino que se consuma menos. El nivel de diabetes, hipertensión, obesidad de los niños y niñas en México ha aumentado", afirmó la mandataria. La presidenta explicó que el diagnóstico sobre el impacto del consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas proviene del programa "Vive Saludable, Vive Feliz", que se implementa en escuelas primarias del país. Este programa mide la talla, peso y condición física de los menores, revelando un aumento en los problemas de obesidad y diabetes asociados al consumo de estos productos. Sheinbaum propuso que el aumento del impuesto podría cambiar los hábitos de compra de las familias mexicanas. "Si se destina 100 pesos a comprar bebidas azucaradas en un mes, vas a comprar menos refresco", indicó. Además, anunció que el gobierno federal lanzará una campaña informativa a nivel nacional para concienciar a la población sobre los riesgos del alto consumo de azúcar en la dieta diaria. "Se hará una campaña de información de la Secretaría de Salud del efecto que tiene el consumo de las bebidas azucaradas y comida chatarra", agregó. La presidenta también mencionó que algunas empresas refresqueras han aceptado reformular sus productos para reducir el contenido calórico y adaptarse a la disminución en ventas. "Si este aumento tiene el efecto que las refresqueras reduzcan el 30 por ciento a la fórmula de la Coca Cola o de otras bebidas azucaradas, es doblemente bueno", destacó. A partir de 2026, las bebidas azucaradas tendrán un IEPS de 3,08 pesos por litro, mientras que las bebidas sin azúcar o de bajo contenido calórico estarán sujetas a un gravamen de 1,50 pesos por litro. Esta medida ha generado reacciones divididas entre consumidores y la industria de bebidas, que advierten sobre posibles afectaciones económicas. Sin embargo, el gobierno federal sostiene que el costo de las enfermedades relacionadas con la mala alimentación es mucho mayor para el sistema de salud pública.