La vivienda tiene un papel especial en los casos de Ana Millán y su sucesor: ella cobró a un empresario, al que adjudicaba contratos, el doble del precio de mercado por un ático, y los presuntos delitos de Luis Quiroga se cometieron al frente de la agencia pública del suelo

De tres bolsas de basura para destruir a los cajones de Púnica: el correo que compromete a la colaboradora de Ayuso

Y Madrid creció por el suroeste. En 20 años, la población de Arroyomolinos se multiplicó por siete. Entre principios de la década y 2021, los unifamiliares se alinearon en una ciudad dormitorio donde antes había solo un pueblo. Ubicado entre dos autovías, el enclave se convirtió en una solución para muchas jóvenes familias que no podían acceder a un adosado más cerca de la capital. Suelo disponible, un rápido crecimiento. Oportunidades de negocio. Para colocar un marco político al fenómeno ya estaría el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Arroyomolinos tiene en la actualidad 34.000 habitantes y suma, desde julio, su segundo alcalde consecutivo camino del banquillo por corrupción.

Una jueza de Navalcarnero procesó el pasado 15 de julio a Luis Quiroga, regidor de Arroyomolinos desde junio de 2023. La magistrada dictó el final de la investigación y propuso juzgar a Quiroga, quien había accedido al cargo después de que Ana Millán, su antecesora, decidiera por fin dedicarse en cuerpo y alma a la política autonómica, como vicesecretaria de Organización del PP madrileño y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. A esos cargos llegó Millán de la mano de su amiga Isabel Díaz Ayuso, quien ha apostado decididamente por ella pese a la imputación por cuatro delitos de corrupción.

Ambos casos, el de Quiroga y el de Ana Millán, reservan un espacio privilegiado al tema de la vivienda. La investigación a la actual 'número tres' de Ayuso del partido arrancó con el hallazgo de unos correos electrónicos en 2015, cuando Ciudadanos descabalgó del poder al PP. En tres bolsas de basura de las que pretendía deshacerse el equipo saliente había una copia de un correo en el que Ana Millán reclamaba unos pagos pendientes a un tal “Paco”. Resultó ser Francisco Roselló, empresario que había recibido de la Concejalía de esta un total de 660.915,21 euros en contratos. Con el tiempo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil establecería que Roselló pagaba casi el doble del precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de Millán en el centro de Arroyomolinos.

Los guardias civiles, primero, la Fiscalía después, y finalmente los jueces que ha tenido el caso sospechan de que se trataba del método para blanquear una mordida a cambio de las adjudicaciones de la Concejalía de Juventud. Después descubrieron que Roselló había contratado al marido y a la hermana de la alcaldesa. Una jueza de Navalcarnero considera que reúne indicios contra Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración.

Ana Millán fue imputada en 2022, pero eso no fue obstáculo para su ascenso en el PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso la convirtió en vicesecretaria de Organización Territorial con funciones tales como entrevistar antes de las elecciones a todos los candidatos del PP en las diferentes localidades madrileñas para cerciorarse de que no tendría problemas con la justicia. Millán también ocupó un puesto alto en las listas, lo que le garantizaba convertirse en diputada autonómica.

Millán está pendiente de que la última jueza en llegar al Juzgado de Instrucción de Navalcarnero practique las diligencias pendientes, entre ellas la declaración como testigo del marido de la dirigente del PP, y eleve, si sigue el criterio de su antecesora, una exposición razonada pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue a Millán, dada su condición de aforada.

La magistrada Sandra García González acaba de solicitar una prórroga para el caso en la que se queja de la carga de trabajo del juzgado de Navalcarnero, al entender este de asuntos civiles y penales. Millán no quiere esperar tanto y acaba de solicitar que se archive la causa contra ella incluso antes de que declare su esposo.

El sucesor, camino del banquillo

Ana Millán dejó a uno de sus máximos colaboradores, Luis Ortega, al frente del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Ortega había ido de número dos en su lista y realizado destacados cometidos en el pasado. Entre ellos presidir la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos (Emugesa), encargada de la política del suelo y la vivienda del municipio que ha multiplicado por siete sus habitantes en lo que va de siglo.

La jueza María Leticia García Clérigo cree que hay indicios suficientes de que Luis Ortega modificó el el acta de una sesión de la empresa pública, celebrada el 26 de septiembre de 2019, para que constara que se había cesado al entonces secretario del Consejo, Ignacio Rodríguez de la Riva, y nombrado a María Isabel Santamaría Alonso, a la que también se le habría sumado el cargo de adjunta a la Presidencia. En su auto, la jueza señala la posible comisión de los delitos de falsedad en documento mercantil y prevaricación en concurso medial con un delito de malversación.

En realidad, nada de eso ocurrió en la Junta, tal y como demuestran las grabaciones realizadas por De la Riva, el secretario saliente y denunciante de los hechos. La magistrada considera que concurren en el alcalde de Arroyomolinos y en María Isabel Santamaría Alonso, nombrada secretaria del Consejo de Administración de la empresa pública, indicios de los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación.

La magistrada llegó a esta conclusión después de que la Guardia Civil validara la grabación de la reunión realizada por el demandante, de que prestaran declaración en el juzgado varios testigos y se recabara distinta documentación de Emugesa, como los pagos a la imputada como adjunta a la presidencia en un cargo que nunca se propuso ni aprobó en el consejo de administración.

La noticia del auto de fin de la instrucción y pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para este tipo de delitos, motivó la reacción de Quiroga, que decidió utilizar la página web del Ayuntamiento para publicar un comunicado y corregir los titulares de prensa: “El alcalde de Arroyomolinos no tiene constancia de que el Juzgado haya dictado auto de procesamiento. Únicamente existe un auto, trasladado a las partes el pasado 23 de julio, en el que se acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado”.

En ese comunicado, Quiroga asegura que la denuncia que dio origen al caso “responde únicamente al deseo de venganza personal y política” contra él del trabajador despedido en 2020. Pese a los avances en la investigación judicial, que le sitúan a un paso del banquillo, el alcalde de Arroyomolinos se refiere a “un asunto exclusivamente administrativo” y traslada que su defensa ha solicitado el archivo.

Ignacio García de la Riva, el denunciante, actúa como acusación particular y ha presentado un escrito de conclusiones provisionales en el que solicita 7 años de cárcel para el actual regidor de Arroyomolinos por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Falta por conocer el escrito de acusación de la Fiscalía.