El Caribe se ha convertido en un punto crítico de tensión, con acciones militares de Estados Unidos que prometen repercusiones significativas para Colombia. Bajo la administración del presidente Donald Trump, se han intensificado los bombardeos selectivos contra narcolanchas, así como operaciones encubiertas de la CIA y sobrevuelos sobre aguas cercanas a Venezuela. Estas acciones, que oficialmente se presentan como una lucha contra el narcotráfico, son vistas en círculos diplomáticos como un enfrentamiento estratégico contra el régimen de Nicolás Maduro. Existe el riesgo de que esta situación evolucione hacia un conflicto armado con consecuencias históricas. Recientemente, se han reportado explosiones en el mar Caribe, resultado de ataques aéreos estadounidenses que destruyeron embarcaciones sospechosas de transportar cocaína. Sin embargo, estas operaciones no solo buscan desmantelar rutas de narcotráfico, sino que también parecen dirigirse a debilitar las finanzas del régimen venezolano. Documentos de inteligencia y fuentes militares indican que muchas de las embarcaciones que operan en esta actividad delictiva zarpan de Colombia, pero cuentan con apoyo logístico desde Venezuela. Existen denuncias de sobornos, rutas autorizadas y coordinación desde costas controladas por el Gobierno colombiano, además de protección en aguas que, de facto, están bajo la influencia del cartel de los Soles. A pesar de que el discurso oficial de Washington sostiene que los bombardeos han reducido las operaciones de los narcotraficantes, fuentes militares y de inteligencia han señalado que la cocaína sigue fluyendo. El aumento del riesgo, con el uso de semisumergibles y lanchas rápidas más sofisticadas, ha encarecido el precio final de la droga, pero no ha debilitado la estructura criminal. Se estima que alrededor del 70% de los cargamentos interceptados por el Gobierno de Trump en las últimas semanas tienen su origen en Colombia, especialmente del golfo de Urabá y del norte del Chocó, zonas dominadas por el Clan del Golfo, que actualmente está en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, mediado por Catar. Un oficial de inteligencia colombiano explicó que "las embarcaciones salen por las islas de San Bernardo, San Andrés o Providencia, aprovechando la complicidad de pescadores locales a cambio de dinero". Además, se ha indicado que el encarecimiento de la logística debido a los bombardeos ha convertido el transporte de droga en una "misión de vida o muerte" para los tripulantes. El Clan del Golfo no solo actúa como un transportador, sino que también cultiva, procesa y controla rutas marítimas, manteniendo una estructura militarizada. Por su parte, Estados Unidos utiliza tecnología avanzada, como drones y sensores térmicos, para monitorear movimientos en tiempo real. Colombia colabora con inteligencia y georreferenciación, aunque enfrenta el riesgo de filtraciones internas que podrían afectar las operaciones estadounidenses, especialmente en un contexto de relaciones tensas entre Trump y Petro. "Mientras las aeronaves destruyen las lanchas rápidas, hay otras embarcaciones que logran pasar inadvertidas", comentó una fuente de inteligencia, subrayando la complejidad de la situación en el Caribe.