La reciente detención de Gerardo “N” ha desatado un escándalo en el ámbito de los fraudes pensionarios en México. Según la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), este esquema ha causado un daño patrimonial superior a 16 mil millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La captura del abogado se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, y responde a una orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada que supera los 160 millones de pesos, correspondiente al ejercicio fiscal de 2019. Sin embargo, su presunta implicación se extiende a una red de obtención ilícita de pensiones, en complicidad con funcionarios públicos.

La jueza Salma Martínez, con sede en Torreón, emitió la orden de aprehensión que resultó en la detención de Gerardo “N” a las 12:55 horas del 16 de octubre en Gómez Palacio. Las investigaciones, lideradas por María de la Luz Mijangos Borja, comenzaron tras denuncias presentadas por el ISSSTE durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado información ante jueces federales, revelando que los fraudes detectados en la obtención de pensiones ilegales superan los 5 mil 900 millones de pesos, lo que representa aproximadamente una tercera parte del total del daño patrimonial sufrido por el instituto.

Se sostiene que Gerardo “N”, actuando como apoderado legal de trabajadores, promovió juicios laborales ante la Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a pesar de que este tribunal no tenía competencia para conocer esos asuntos. La FGR indica que la Junta admitió y resolvió indebidamente las demandas, dictando laudos condenatorios contra el ISSSTE que facilitaron el fraude.

La magnitud de este problema ha llevado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a suprimir la Junta Especial 42 mediante un acuerdo publicado el 17 de junio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. La FGR ha informado que la detención de Gerardo “N” fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplimentaron la orden de aprehensión federal.

El caso, que ha sido documentado desde junio de 2024, revela la presunta colaboración de Gerardo “N” con servidores públicos del ISSSTE y de la Junta 42, quienes habrían dictado fallos favorables para llevar a cabo los fraudes pensionarios. La detención del abogado representa un avance significativo en las investigaciones sobre una de las redes de corrupción más relevantes que han afectado al sistema de seguridad social en México.