El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, ha declarado que el Gobierno será "implacable contra las mafias de extorsión". Esta afirmación se realizó durante la cuarta mesa de trabajo con transportistas, donde se discutieron medidas para combatir la extorsión y los homicidios que afectan al sector del transporte público en Lima.

El encuentro reunió a representantes del Ministerio Público, operadores de justicia y diversas empresas de transporte. Tiburcio destacó la importancia de estos espacios de diálogo para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada. "El diálogo con los gremios del transporte y la cooperación entre el Mininter, el MP y el PJ son pilares clave para enfrentar la amenaza de la extorsión", afirmó.

El ministro también anunció que se incorporarán representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para consolidar la articulación entre las entidades del Poder Ejecutivo. Tiburcio enfatizó que existe una "plena voluntad y predisposición de fortalecer la normatividad" y que se están promulgando leyes para mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en la persecución del delito de extorsión.

La situación de violencia en el sector se evidenció con el reciente asesinato de un chofer en Lurín, presuntamente a manos de extorsionadores. Tiburcio lamentó este hecho y subrayó que no se puede permitir que las empresas de transporte, que generan empleo y brindan servicios a la ciudadanía, sean atacadas por el crimen organizado.

Además, el ministro informó que el presidente José Jerí ha dado instrucciones para que el Ministerio del Interior mantenga una política de "puertas abiertas", invitando a la ciudadanía a presentar propuestas concretas para enfrentar la inseguridad. "Hay una prioridad en el sector transporte, pero eso no deja de lado a la ciudadanía en general", concluyó.

En la mesa de trabajo también participaron altos mandos de la Policía Nacional del Perú, lo que refleja el compromiso del Gobierno en la lucha contra la extorsión y la criminalidad en el país.