Por: Erika Delgado Moncayo

El departamento de Nariño nos obliga a mirar la disputa entre el gobierno de Gustavo Petro y Donald Trump —y, en el fondo, la tensión entre Colombia y Estados Unidos por la política antidrogas— no como un asunto diplomático distante, sino como algo que toca de lleno nuestras montañas, nuestras costas y nuestras comunidades rurales.

Vivimos en una región fronteriza, con salida al Pacífico, donde la economía legal sigue siendo frágil y la ilegal —la del narcotráfico— mantiene su fuerza.

Por eso, cada vez que en Washington se revisan los términos de la cooperación o en Bogotá se replantean las reglas del juego, en Nariño sentimos el impacto.

Nuestra preocupación no es menor. Una parte de los recursos que llegan desde Estados Unidos para contener el crecimiento d

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