Todo indica que el fiscal del Estado de México prepara un golpe mayor contra las bandas de huachicoleros del agua, un delito que dejó de ser rapiña y se volvió estructura criminal con rostro político y dinero público. El mapa está trazado: Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Lerma y Ocoyoacac concentran las redes de extracción ilegal que venden el líquido como si fuera petróleo. En abril, se aseguraron 18 puntos clandestinos y ahora se anticipa un operativo de gran escala para romper los circuitos financieros y logísticos. Pero más allá del despliegue policial, lo que se juega es la verdad sobre la privatización encubierta del agua: pipas protegidas por funcionarios, sindicatos que cobran “derecho de abasto” y policías que miran a otro lado. Si el golpe ocurre, no será solo judicial, s

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