En el Callao y San Martín de Porres, la Policía Nacional desarticuló a un grupo criminal conformado por jóvenes que, según las investigaciones, se dedicaban a extorsionar a sus propios empleadores. El caso salió a la luz luego de que las cámaras de seguridad registraran a dos mujeres fotografiando vehículos y viviendas, imágenes que más tarde serían usadas para enviar mensajes de amenaza a sus víctimas.

Las autoridades determinaron que la organización, compuesta por familiares y amigos, exigía pagos mensuales que iban desde los cinco mil hasta los quince mil soles. Con acceso a datos internos de los negocios donde trabajaban, los implicados obtenían direcciones, números telefónicos y horarios de sus jefes, información clave para intimidarlos y obtener dinero a cambio de “protección”

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