El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó enérgicamente a la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro cuestionó la decisión del tribunal, que declaró inocente a Uribe de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

Petro argumentó que la resolución contradice a la Corte Suprema de Justicia. "El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad", expresó el mandatario.

El presidente también hizo hincapié en que este fallo oculta la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, refiriéndose a la conexión entre políticos y narcotráfico. "Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia", afirmó.

Además, Petro vinculó la situación con el contexto internacional, mencionando a Donald Trump. "Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia", aseguró.

El presidente también advirtió sobre posibles conspiraciones en su contra, señalando que en la comisión de acusaciones ya se están buscando acciones que podrían interpretarse como un golpe de Estado. "Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo", concluyó Petro, invitando a la ciudadanía a una manifestación en la plaza de Bolívar de Bogotá para iniciar la recolección de firmas del poder constituyente.

Esta declaración se produjo el 21 de octubre, poco después de que se conociera el fallo en segunda instancia que absolvió a Uribe, tras resolver los recursos de apelación presentados por su defensa y la Procuraduría General. El tribunal argumentó que no existían pruebas suficientes para condenar al exmandatario por los delitos mencionados.