El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en un caso que ha captado la atención de Colombia. La decisión, tomada el 21 de octubre, representa un cambio significativo en uno de los procesos judiciales más controversiales del país. Los magistrados concluyeron que no había pruebas suficientes que demostraran la participación directa de Uribe en el soborno a testigos, específicamente en relación con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo de manera virtual para las partes y presencial para los magistrados, se revisó la sentencia de primera instancia emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia. Esta había condenado a Uribe por supuestamente ofrecer beneficios a testigos para alterar sus declaraciones sobre la creación del bloque "Metro" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, el Tribunal determinó que las pruebas presentadas no acreditaban el vínculo doloso necesario para establecer la responsabilidad penal del expresidente. El magistrado Manuel Antonio Merchán subrayó que "la aplicación del dolo eventual como fundamento de la condena constituye un yerro dogmático".

La absolución también se extiende al caso de Eurídice Cortés, alias ‘Diana’, donde se presentaron acusaciones similares. El Tribunal destacó que no existían elementos probatorios sólidos que demostraran ofrecimientos o presiones por parte de Uribe o su defensa. Además, se ordenó investigar a Carlos Enrique Vélez por posible falso testimonio, debido a inconsistencias en sus declaraciones.

A pesar de esta absolución, el proceso judicial no ha terminado. Aún queda pendiente la resolución sobre un cargo de fraude procesal, que sigue bajo revisión. El Tribunal enfatizó que "las pruebas presentadas no logran acreditar un nexo causal entre las actuaciones del exmandatario y los supuestos actos de soborno". Este fallo ha reabierto el debate sobre la responsabilidad penal en casos de alta relevancia política en Colombia.

Con esta decisión, Uribe recupera una posición favorable en el ámbito judicial, aunque el caso sigue siendo objeto de atención pública y política. La resolución del Tribunal Superior de Bogotá marca un hito en la historia judicial del país, planteando interrogantes sobre el futuro de la justicia en Colombia y su relación con el poder político.