El Congreso dio ayer un nuevo paso en la reforma legal que obligará a las empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general, a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado.

Pese a que la medida partió de una enmienda impulsada por Junts, centrada en el uso del catalán en los servicios de atención a la clientela en toda España, los trabajos realizados por los grupos en la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo han acordado limitar la obligación a aquellas comunidades que dispongan de una segunda lengua oficial además del castellano: Catalunya, Galicia, Euskadi, Navarra, la Comunidad Valenciana y Baleares.

La medida, impulsada por Junts y pactada por PSOE y Sumar, cuent

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