España incumple desde enero de este año la directiva europea que obliga a los estados miembros a eximir a los autónomos y pymes que facturen hasta 85.000 euros anuales del deber de incluir el IVA en sus facturas . Es decir, ni pagarlo, ni repercutirlo ni deducirlo. O, si el Gobierno lo cree oportuno, ofrecerles a los autónomos otro régimen especial que reduzca su carga burocrática .

En España, según los datos disponibles de la Agencia Tributaria, hay unos 2,5 millones de declarantes , entre autónomos y empresas, con facturaciones inferiores a esos 85.000 euros y organizaciones como ATA estiman que alrededor de medio millón de trabajadores por cuenta propia estarían interesados en dejar el IVA al margen de su actividad.

La Unión Europea ya mandó este pasado mes de julio a

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