El Gobierno nacional debió restituir más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral que habían sido suspendidas en todo el país.

La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en cumplimiento de una orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez.

El magistrado dispuso que los beneficios debían reactivarse “en un plazo de 24 horas”. Asimismo, estableció que no se podían aplicar nuevas bajas hasta que haya una sentencia definitiva.

La medida judicial se dictó en el marco de una acción de amparo colectiva presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca y distintas organizaciones de personas con discapacidad. En septiembre, el mismo magistrado había resuelto una cautelar que inicialmente beneficiaba solo a la provincia. Ahora, su alcance se ext

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