Las universidades nacionales de Argentina se preparan para llevar al Gobierno a la Justicia por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Óscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtió sobre las serias dificultades que enfrentarán las instituciones si no se implementa la ley. "Solo debían cumplir la ley. Y optaron por no hacerlo", afirmó Alpa, enfatizando que la responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo, que ignora lo que la ley establece.

El Gobierno, tras la aprobación de la ley por parte del Congreso, decidió suspender su ejecución hasta que se determinen las fuentes de financiamiento. Esto ha generado un clima de incertidumbre en el sistema universitario, ya que la ley es crucial para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento y los salarios de los trabajadores. Alpa subrayó que el incumplimiento afecta a todo el sistema universitario público y al respeto de la Constitución. "El Presidente decidió no aplicar una ley votada por amplia mayoría en el Congreso. Eso no tiene antecedentes en democracia", declaró.

El CIN está considerando iniciar acciones judiciales para exigir que el Ejecutivo cumpla con la ley. Alpa concluyó: "Estamos evaluando medidas judiciales para proteger la educación superior pública". La situación se agrava, ya que se estima que los trabajadores de las universidades han perdido un 50% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión actual.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, también se pronunció sobre el tema, afirmando que el Gobierno solo debía cumplir la ley. "Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo", dijo. Además, mencionó que la Universidad Nacional de Rosario ha implementado un programa de solidaridad para sostener su infraestructura y equipamiento, recibiendo aportes voluntarios de graduados y empresas.

El CIN se reunirá en sesión plenaria para definir los términos de una acción judicial conjunta. Bartolacci advirtió que es grave para la institucionalidad democrática que se naturalice el incumplimiento de la ley, especialmente en casos que cuentan con amplia legitimidad social y política. Las universidades planean nuevas movilizaciones y paros en respuesta a esta situación, mientras se preparan para llevar su reclamo a la Justicia.