El presidente Gustavo Petro ha presentado un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Este borrador, entregado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, busca una reforma total de la Constitución de 1991. La iniciativa se enmarca en un contexto electoral y pretende permitir que la ciudadanía se pronuncie sobre la necesidad de reformar la Constitución, así como superar lo que el gobierno denomina un "bloqueo institucional" en el Congreso.

Petro ha señalado que el borrador podría ser modificado por organizaciones sociales que formarán un comité pro constituyente. "El texto se presentará al Congreso, como ordena la Constitución y será de iniciativa popular", afirmó el presidente. Cualquier ciudadano, incluido el ministro de Justicia, podrá hacer propuestas que serán evaluadas por el comité ciudadano.

La propuesta establece que la Asamblea estará compuesta por 71 delegatarios elegidos por votación popular, quienes se encargarán de reformar la totalidad de la Constitución, aunque sin revocar al Congreso. La Asamblea sesionará durante tres meses, comenzando 30 días después de la elección de los delegatarios. Además, el presidente recibiría facultades extraordinarias por seis meses para definir los requisitos de los delegatarios y otros aspectos del proceso.

El proyecto ha generado reacciones diversas en el ámbito político. La senadora Angélica Lozano expresó su preocupación, afirmando que la propuesta podría ser un "caballito de batalla" para la reelección de Petro en 2030. Por su parte, el ministro Montealegre defendió la necesidad de una reforma, argumentando que algunas instituciones se han vuelto obsoletas y que es necesario un cambio para enfrentar problemas como la corrupción y la violencia.

Sin embargo, la oposición ha criticado la iniciativa. La precandidata presidencial Vicky Dávila la calificó como una "amenaza contra la democracia" y advirtió sobre los planes de Petro para perpetuar su poder. Otros, como el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, han cuestionado la viabilidad del proyecto, sugiriendo que se asemeja al modelo venezolano y carece de un marco claro para su aprobación.

El concejal de Bogotá, Humberto Rafael Amín, también se mostró escéptico, afirmando que el gobierno busca un "atropello" a la Constitución. En contraste, el director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, advirtió que impulsar una Asamblea Constituyente en este momento podría "incendiar la democracia".

El camino legal para la convocatoria de la Asamblea incluye la aprobación por parte del Congreso, una revisión de la Corte Constitucional y el respaldo de una tercera parte del censo electoral, lo que equivale a aproximadamente 13 millones de votos. La propuesta sigue generando un intenso debate en el país, mientras se espera su desarrollo en el Congreso y la respuesta de la ciudadanía.