Este viernes, la sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la resolución de primera instancia adoptada por la jueza de Garantía, Paula Stange, que no dio lugar a la medida de prisión para los siete mecánicos de la planta revisora Serviden, formalizados por el delito de cohecho agravado.

La resolución había sido apelada por la fiscal Johanna Irribarra, quien pretendía corregir la actuación de la jueza de primera instancia, imponiendo la prisión preventiva o el arresto domiciliario total a los imputados.

En opinión de la Corte, atendido el actual estado procesal de la causa, la necesidad de cautela se satisfacen adecuadamente con la medida cautelar impuesta.

De esta manera, el máximo tribunal regional legitimó el actuar de la magistrada Stange, que sólo impuso a los imputad

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