En un veredicto decisivo, un tribunal ha declarado que el Ministerio Público no pudo demostrar los delitos de financiamiento ilegal de la política. Esta resolución se produce tras un extenso proceso judicial que se inició en 2015.

El juicio se extendió a lo largo de 560 jornadas, donde se escucharon más de 200 testimonios y se presentaron miles de documentos como evidencia. La decisión del tribunal ha generado un gran impacto, dado el tiempo y los recursos invertidos en este caso.

Los jueces cuestionaron la amplitud del caso, sugiriendo que la duración y la complejidad del mismo podrían haber afectado la capacidad del Ministerio Público para presentar pruebas concluyentes. La conclusión del tribunal marca un hito en la lucha contra la corrupción política en el país, aunque deja abiertas muchas preguntas sobre el futuro de las investigaciones en este ámbito.