La nueva ley de regulación de encuestas en Colombia, concebida para aumentar la transparencia del proceso electoral, ha generado un efecto paradójico: ha paralizado la publicación de mediciones de opinión pública y ha sumido a las firmas encuestadoras en un escenario de "inseguridad jurídica" sin precedentes. Aunque la veda para publicar encuestas de intención de voto se levanta a partir del 1 de noviembre, los costos y las exigencias técnicas impuestas por la normativa han hecho que su publicación sea insostenible para los medios de comunicación.

Martín Orozco, gerente de Invamer , confirmó el impacto devastador de la nueva normativa. "La frecuencia con la que se publicarán encuestas, yo te puedo asegurar, será sustancialmente menor porque habrá quien las financie con la frecuencia

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