M ÉRIDA, MX. – En una sesión que mezcló discursos de justicia social con evidentes cálculos políticos, el Congreso del Estado aprobó la llamada “contrarreforma” a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) , impulsada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y respaldada por la mayoría de las bancadas, excepto el PAN.

La reforma fue presentada como una “devolución de derechos” a los trabajadores del Estado, tras los ajustes aprobados en 2022 durante la administración anterior, los cuales endurecieron los requisitos para acceder a una pensión. Sin embargo, detrás del tono triunfalista con que se promovió el dictamen, persisten dudas sobre su viabilidad financiera y su impacto a largo plazo .

Los cambios aprobados

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:

  • Reducción de la edad de jubilación de 65 a 55 años.

  • Años de cotización: 30 para hombres y 28 para mujeres.

  • Cálculo de pensiones con base en el promedio de los dos últimos años de salario (ya no con el salario regulador).

  • Congelamiento de aportaciones de los trabajadores en 11% hasta 2030.

  • Blindaje de las reservas del Instituto y prohibición de inversiones de riesgo.

Argumentos oficiales: “Justicia social” y reparación de agravios

El presidente del Congreso, Wilmer Monforte Marfil , sostuvo que la reforma “no es populismo, sino estar del lado de la gente”, asegurando que busca corregir los abusos del pasado y devolver dignidad a más de 40 mil trabajadores del Estado.

En el mismo tono, la diputada morenista Maribel Chuc Ayala afirmó que la reforma “no nace del capricho ni de la improvisación”, mientras que su correligionario Julián Bustillos calificó el nuevo marco legal como “un acto de reparación y justicia”.

Las dudas: sostenibilidad y costo político

Aunque la medida fue celebrada por sindicatos y trabajadores presentes en el recinto, especialistas en finanzas públicas advierten que el nuevo esquema podría comprometer la estabilidad del sistema a mediano plazo.
Reducir la edad de jubilación y mejorar el cálculo de pensiones implica una mayor carga para el fondo del ISSTEY , cuya situación financiera ha sido frágil durante más de una década.

El congelamiento de las aportaciones —una medida políticamente popular— limita la capacidad del Instituto para equilibrar sus finanzas , especialmente en un contexto de envejecimiento de la base laboral.

Desde la oposición, el diputado panista Roger Torres Peniche advirtió que “no se puede hacer justicia con irresponsabilidad”, al señalar que la reforma “pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sólo para obtener aplausos momentáneos”.

Un equilibrio precario

La contrarreforma al ISSTEY llega como una victoria política para el gobernador Díaz Mena , que buscó presentarse como aliado de los trabajadores y opositor a las medidas “neoliberales” del pasado reciente. Pero, más allá del discurso, el reto será mantener el equilibrio entre el beneficio inmediato para los burócratas y la estabilidad financiera del sistema .

Porque si bien hoy se celebra la “reparación de agravios”, mañana podría reabrirse el mismo debate: quién paga la factura de la justicia social. (Noticaribe)