El Tribunal Supremo de Justicia, reunido en Sala Penal, se manifestó de acuerdo con sancionar a los operadores del sistema de justicia que retarden cualquier proceso, llámese juicio, imputación, ejecución de una orden judicial, entre otros. Tal decisión quedó plasmada en la sentencia 554 redactada por la magistrada Elsa Gómez y convalidada por sus colegas de la Sala Penal, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.

En esa sentencia, los magistrados expresan que “es primordial que el Estado venezolano, a través de sus poderes públicos, garantice el principio de celeridad procesal y el derecho a una justicia expedita’’.

Para la garantía de ese derecho de justicia expedita, “es fundamental que se establezcan mecanismos de supervisión y sanción para todas aquellas conductas que generen dilacion

See Full Page