El cambio de mando en Perú, tras la destitución de Dina Boluarte en septiembre de 2025, ha generado un clima de tensión política y social. La exmandataria enfrentó una crisis de legitimidad marcada por protestas, denuncias de represión y un constante rechazo ciudadano. Su salida permitió que José Jerí Oré, del partido Somos Perú, asumiera la presidencia en un ambiente de desconfianza.

A casi un mes de su gobierno, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha publicado una encuesta que revela que el 53% de los peruanos desaprueba la llegada de Jerí al cargo, mientras que solo el 32% la aprueba. Un 15% no tiene opinión al respecto. La encuesta, realizada entre el 18 y el 22 de octubre de 2025, abarcó a 1.210 personas mayores de 18 años y tiene un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales.

El rechazo hacia Jerí es notable en todos los sectores sociales y regiones del país, siendo más pronunciado en el sur y centro de Perú, donde se concentraron las protestas durante el mandato de Boluarte. En contraste, la aprobación es más alta en Lima y en los estratos socioeconómicos A y B, aunque no supera el 40% en ninguno de los casos.

La encuesta también indica que la población percibe una continuidad del poder del Congreso en el Ejecutivo, lo que podría explicar parte del rechazo hacia Jerí. Un 62% de los encuestados considera que el Parlamento tuvo “mucha influencia” en el gobierno de Boluarte, y un 49% cree que esto se repetirá durante la gestión de Jerí. Solo un 16% estima que el Legislativo tendrá “poca” influencia.

El IEP señala que esta percepción de control del Congreso sobre el Ejecutivo se ha mantenido desde la crisis política de 2022. La sucesión de gobiernos con respaldo parlamentario ha generado en la ciudadanía una sensación de continuidad en la toma de decisiones. La militancia de Jerí en Somos Perú, partido que recibió más de S/5 millones de financiamiento público en los últimos tres años, refuerza la idea de cercanía con la actual mayoría legislativa.

El sondeo también refleja escepticismo hacia la posibilidad de cambios reales en la administración de Jerí. Un 26% de los encuestados afirmó que “da lo mismo” si Jerí permanece o es reemplazado, mientras que un 23% considera que sería mejor nombrar a otra persona. Sin embargo, un 37% opina que lo más conveniente es que se mantenga en el cargo, evidenciando una mezcla de desconfianza y resignación.

A pesar de la alta desaprobación inicial, algunos ciudadanos prefieren la estabilidad antes que un nuevo proceso de transición. Entre quienes apoyan la permanencia de Jerí, se mencionó que “ya no quieren más cambios” o que “todos los políticos son iguales”. Estas respuestas reflejan un desgaste social ante la crisis política que atraviesa el país desde hace años.

El IEP también ha registrado un descenso en la confianza hacia las instituciones del Estado. Solo un 8% de los encuestados confía en el Congreso, mientras que el Poder Judicial y la Presidencia de la República no superan el 10% de respaldo. En este contexto, el inicio del gobierno de José Jerí enfrenta un desafío de legitimidad similar al de sus predecesores, con una ciudadanía que observa con recelo las decisiones políticas y el rol del Legislativo en la conducción del país.