El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo martes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal - conocida como Lecrim- para otorgar la instrucción penal a los fiscales y limitar la acción popular que ejercen los partidos políticos en muchas de las causas que a día de hoy cercan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del Gobierno el Consejo de Ministros de este martes tiene sobre la mesa la reforma de esta norma, que supone un nuevo intento de arrebatar la instrucción a los jueces –que quedarían únicamente como garantes de derechos fundamentales a lo largo del proceso– y atribuirsela al Ministerio Fiscal, al igual que ya ocurre en países de nuestro entorno.

Se trata de un proyecto que ya intentaron anteriormente ministros del PSOE como

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