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De acuerdo con el Código Electoral Nacional, todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral están obligados a asistir a las urnas. Sin embargo, aquellos que decidan no concurrir sin la debida justificación deberán afrontar serias consecuencias, que incluyen tanto una multa económica como importantes restricciones administrativas.

La sanción por no emitir el voto tiene un componente económico que, si bien no es el más elevado, varía según el historial del infractor. Los ciudadanos que no justifiquen su ausencia pierden la posibilidad de realizar diversos trámites públicos, tales como: obtener o renovar el pasaporte, realizar gestiones en organismos estatales y acceder a designaciones en cargo

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