La aprobación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre de Doñana por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha desatado una tormenta de críticas y un frente común de oposición que abarca desde la comunidad científica hasta administraciones locales y autonómicas.

La decisión, adoptada el pasado 16 de octubre y que en teoría sirve para delimitar los espacios de máxima protección, es vista por numerosos actores como una medida que legitima usos agrícolas ilegales , ignora la evidencia científica más reciente y compromete gravemente el futuro del humedal más importante de Europa .

El deslinde, un trámite de naturaleza jurídico-administrativa concebido como una herramienta para mejorar la protección del espacio natural, se percibe c

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