Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— Diversas comunidades, luchas y colectivos del Pueblo Maya de Yucatán exigieron al gobernador Joaquín Díaz Mena emitir un pronunciamiento público de respaldo a la Declaratoria de Emergencia Socioambiental de la Península de Yucatán, y dar respuesta formal a las demandas que han sido entregadas a los tres gobiernos estatales y a autoridades federales.

En su pronunciamiento, las comunidades manifestaron su rechazo al “avasallamiento” de los territorios mayas por parte de megaproyectos agroindustriales, cárnicos, energéticos, inmobiliarios y turísticos, los cuales, advirtieron, están provocando deforestación, contaminación del manto freático y daños al acuífero maya.

“No existe el renacimiento maya: los mayas no hemos desaparecido, seguimos vivos. No somos un slogan de gobierno. Tampoco puede haber desarrollo sustentable cuando se construye sobre la devastación de los territorios, de la naturaleza y de los pueblos que les dan vida”, expresaron en el documento.

Aunque reconocieron que muchos de los proyectos no iniciaron con la actual administración, señalaron que el gobierno estatal no ha dado respuesta a la petición de declarar Yucatán como zona de emergencia socioambiental, y, por el contrario, ha incentivado nuevos desarrollos industriales como la cervecera en Kanasín, además de mantener la criminalización de defensores del territorio en comunidades como Xcucul Sur, Santa María Chi y Kinchil.

Las comunidades recordaron que la defensa del territorio no se limita a las protestas visibles, también hay resistencias silenciosas frente al extractivismo inmobiliario, la deforestación y la contaminación del agua, el suelo y el aire.

El pasado sábado 25 de octubre, representantes mayas de distintas localidades se reunieron para acordar una ruta de acción y reiterar la importancia del derecho a decidir sobre la vida comunitaria y el modelo de desarrollo en sus territorios.

“Nos acusan de no querer desarrollo, pero no puede haber desarrollo sin una vida digna, si el agua, el aire y el suelo ya están contaminados por las granjas porcícolas, si las casas se derrumban por las detonaciones mineras”, señalaron.

Entre las diez exigencias principales al gobernador Díaz Mena, destacan:

Respaldar y solicitar formalmente la Declaratoria de Emergencia Socioambiental al Gobierno Federal.

Suspender autorizaciones de nuevos megaproyectos extractivos, mineros, agroindustriales e inmobiliarios.

Ordenar inspecciones integrales a empresas que generen contaminación, incluyendo mineras, porcícolas y hoteleras.

Garantizar la consulta y consentimiento previo, libre e informado para cualquier proyecto que afecte el territorio maya.

Proteger la seguridad de defensoras y defensores ambientales, y detener su criminalización.

Asimismo, exigieron la creación de una Mesa de Emergencia Socioambiental Peninsular con participación directa de pueblos mayas, organizaciones civiles y la academia, para establecer medidas de mitigación y reparación del daño ambiental.

“Es necesario que se reconozca la vida, los territorios y la dignidad del pueblo, pero también los derechos de la naturaleza, de los cenotes, de las abejas, del aire y de los guardianes que sostienen la vida”, enfatizaron.

El pronunciamiento fue firmado por pobladoras y pobladores mayas de Santa María Chi, Kinchil, Sisal, Chablekal, Homún, Xcucul Sur, Hotzuc, Tebec, Tekit, Chocholá, Isla Arena, San Antonio Siho, Kanxoc y Mérida, además del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C. ( Noticaribe )