La decisión de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, de obligar a los agentes de la Policía Local a prestar servicios extraordinarios la pasada Semana Santa fue "una decisión unilateral de abuso de la posición de poder". Así lo ha determinado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada, que resuelve uno de los recursos presentados durante el conflicto laboral que Carazo quiso eludir vía decreto. Esta primera sentencia anula las resoluciones que fueron impugnadas -tanto el decreto de Carazo como la orden de la Jefatura de la Policía Local que plasmaba esa decisión- por no ser conformes a derecho y condena al Consistorio a indemnizar a los agentes.

A principios de abril, sin lograr acercar posturas respecto a los turnos, fines de semana y otros aspectos de la

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