El Consejo de Ministros aprobará este martes el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una de las reformas más ambiciosas del proceso penal en España. El texto, impulsado por el Ministerio de Justicia, prevé que la instrucción de las causas deje de estar en manos de los jueces y pase a la Fiscalía, lo que supone un cambio estructural en el modelo judicial vigente desde hace más de un siglo.

Según fuentes del Ejecutivo, la norma entraría en vigor en enero de 2028 y contempla además excluir a los partidos políticos y sindicatos de la acusación popular. También plantea modificar el mandato del fiscal general del Estado, que pasará de cuatro a cinco años para que no coincida con los periodos de legislatura del Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relacio

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