Madrid

El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) , una reforma legal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, aparta de las acusaciones populares a los partidos políticos y reforma el Estatuto del Ministerio Fiscal, fijando la duración del mandato del fiscal general del Estado en cinco años.

De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez adapta la legislación española a la de la mayoría de países europeos, donde la instrucción de las causas judiciales la dirigen los fiscales y los jueces instructores únicamente velan por que se cumplan derechos fundamentales.

Sin embargo, en el caso de España, el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, de ahí que la m

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