Río de Janeiro fue escenario de una intensa operación policial que ha dejado al menos 64 muertos, convirtiéndose en la intervención más letal en la historia de la ciudad. Este operativo, denominado "Operación Contención", se llevó a cabo el 28 de octubre y movilizó a 2.500 agentes en un intento por frenar la expansión del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

La acción se centró en los complejos de favelas de Alemão y Penha, donde residen aproximadamente 300.000 personas. Desde las primeras horas del día, helicópteros, vehículos blindados y drones de la policía irrumpieron en estas áreas, generando un ambiente de guerra. Los enfrentamientos comenzaron antes del amanecer y se extendieron hasta el mediodía, con intercambios de disparos de alta intensidad.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, informó que entre los fallecidos se encuentran cuatro agentes de policía. Además, se reportaron más de 80 detenciones. La operación buscaba capturar a Edgar Alves de Andrade, conocido como "Doca", líder del Comando Vermelho en la región. Las autoridades incautaron 75 fusiles y se encontraban en posesión de un centenar de órdenes de arresto contra miembros de la organización.

La violencia generó el cierre de 45 colegios y desvió varias rutas de transporte público. Miembros del Comando Vermelho respondieron a la operación cortando al menos 15 puntos estratégicos de la ciudad con barricadas de autobuses incendiados. La situación ha dejado a la población en un estado de miedo y parálisis, con comercios cerrados y servicios públicos interrumpidos.

"Río está sola en esta guerra", declaró el gobernador Castro, quien criticó la falta de apoyo del gobierno federal. A pesar de sus solicitudes, el gobierno central ha rechazado en tres ocasiones la intervención de las Fuerzas Armadas en la región. La operación ha sido calificada como un intento de desmantelar una red de narcotráfico y extorsión que ha convertido a sectores enteros en territorios sin ley.

La intervención ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la letalidad de estas operaciones y su eficacia limitada en la lucha contra el crimen organizado. La situación en Río de Janeiro refleja un problema estructural de violencia y control territorial, donde la frontera entre el combate al crimen y la vulneración de derechos ciudadanos se vuelve difusa. La operación continúa en desarrollo y el balance final aún está por verse, mientras la ciudad enfrenta un ciclo de violencia recurrente.