Un año después de la dana: lecciones aprendidas y tareas pendientes para evitar una catástrofe similar en el futuro

La dana que el 29 de octubre de 2024 afectó a varias regiones del este de la península ibérica constituyó el episodio de precipitación más extremo del siglo XXI en España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este fenómeno se formó porque una bolsa de aire frío en altura se situó entre el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar, empujando aire muy húmedo desde el Mediterráneo hacia la costa. Las tormentas se organizaron en cadenas que durante horas se reactivaron repetidamente sobre las mismas localizaciones.

La AEMET registró en Turís (Valencia) 185 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora y 772 l/m² en 24 horas. La combinación de intensidades extremas y persistencia espaciotemporal desencadenó crecidas relámpago en pocas horas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar estimó caudales máximos de 3 500 metros cúbicos por segundo (m³/s) en el cruce de la rambla del Poyo con la A-3 y 2 400 m³/s en el río Magro, a la entrada de la presa de Forata.

Además de los 229 fallecidos en la Comunidad Valenciana, se registraron víctimas en Castilla-La Mancha (una en Mira, Cuenca, y seis en Letur, Albacete) y en Andalucía (una en Alhaurín de la Torre, Málaga). Del total, 68 fueron hallados en las plantas bajas de viviendas y 35 en aparcamientos y sótanos. Según el Centro de Integración de Datos (CID), más de la mitad de las víctimas tenía 70 años o más, con 15 personas de 90 años o más. El mayor porcentaje de fallecidos (24 %) se encontraba en la franja de 80 a 89 años.

¿Qué factores contribuyeron a la tragedia?

La urbanización de espacios fluviales se intensificó durante el desarrollismo español (décadas de 1960 y 1970 del siglo pasado) y, más tarde, durante la burbuja inmobiliaria (1997-2008). De las 75 000 viviendas afectadas por las inundaciones, el 31 % se construyeron en este segundo período. Además, la vulnerabilidad física de las edificaciones agravó la tragedia, pues muchas plantas bajas, situadas a pie de calle, se convirtieron en trampas mortales al quedar inundadas.

A las 7:36 horas del 29 de octubre, la AEMET activó una alerta roja por lluvias extremas. Según la Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar informó que a las 12:07 horas la rambla del Poyo había superado el umbral de prealerta. El caudal alcanzó los 1 686 m³/s a las 18:43 horas.

La Generalitat Valenciana no activó el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) hasta las 17:00 horas, y la alerta del sistema ES_Alert no se difundió hasta las 20:28 horas, cuando muchas zonas ya se encontraban inundadas.

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Aunque el Gobierno central ofreció apoyo desde las primeras horas, hubo controversia sobre el nivel de su implicación al no asumir la dirección plena mediante la declaración de emergencia de interés nacional (nivel de situación 3 de protección civil).

La baja percepción del riesgo de la población, junto con el retraso de la alerta ES_Alert, fueron determinantes. Un factor clave fue que no estaba lloviendo en muchos de los municipios afectados, lo que generó una falsa percepción de seguridad entre los vecinos. Esta confianza llevó a la adopción de comportamientos de riesgo, como bajar a los garajes para rescatar vehículos, y a circular en tramos anegados de la red de carreteras.

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¿Cómo podemos mitigar el impacto de futuras danas?

Para evitar que futuros fenómenos meteorológicos similares tengan unas consecuencias tan trágicas, podemos llevar a cabo diferentes acciones.

• Caracterizar la incertidumbre del análisis de riesgos: hay que elaborar mapas probabilísticos que incorporen rangos de incertidumbre, que permitan cuantificar la probabilidad de inundación en diferentes zonas (por ejemplo, 70 % frente a 30 %). Esta aproximación permite una ordenación del territorio más efectiva, en la que las áreas con mayor probabilidad de inundación tengan mayores restricciones, mientras que las zonas con menor probabilidad se pueden destinar a usos compatibles con cierto nivel de riesgo.

• Integrar la vulnerabilidad y resiliencia en la gestión del riesgo: conviene desarrollar índices de vulnerabilidad y resiliencia para identificar las áreas donde reside la población con menor capacidad adaptativa, condiciones habitacionales inadecuadas (plantas bajas, sótanos), limitaciones de movilidad o aislamiento social. Con esta información, las autoridades pueden diseñar planes de evacuación específicos para la población vulnerable, establecer redes de apoyo vecinal y priorizar mejoras en las viviendas más vulnerables.

• Mitigar el riesgo mediante medidas estructurales: entre otras medidas, se requieren sistemas de drenaje urbano más eficientes, así como presas en las cabeceras de los torrentes y tanques de tormenta que laminen las crecidas relámpago. Asimismo, convendría promover medidas de autoprotección en las viviendas (e.g., barrera permanente automática por presión de agua, compuerta abatible neumática, puerta estanca).

• Mejorar el conocimiento del riesgo: hay que diseñar planes de comunicación que incrementen el conocimiento ciudadano sobre los riesgos de inundación, así como incorporar programas obligatorios de educación en el riesgo en los currículos de todas las etapas educativas no universitarias, tal y como se ha propuesto en el Plan de Formación ante emergencias de Protección Civil.

• Hacia una gobernanza participativa: el fortalecimiento del capital social es una estrategia eficaz para mejorar la resiliencia comunitaria, actuando como facilitador de la gobernanza participativa al crear espacios de diálogo donde las partes interesadas (sociedad civil, autoridades, expertos) pueden involucrarse en la toma de decisiones sobre la gestión del riesgo.

• Implantación de un sistema de ayuda a la decisión (SAD): hay que implantar un (SAD) que conecte en tiempo real los datos de la AEMET con los registros de la Conferencia Hidrográfica del Júcar. El SAD ofrece información de actualización continua sobre la intensidad de la lluvia o la profundidad del agua, facilitando la toma de decisiones y acortando las consultas entre administraciones.

La gestión exitosa del riesgo de inundación exige una transformación profunda que combine el conocimiento científico, la participación ciudadana y la voluntad política. La experiencia acumulada debe traducirse en sociedades mejor informadas y preparadas, capaces de anticiparse y adaptarse a un contexto climático cada vez más desafiante.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

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José María Bodoque no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.