Se está tramitando el proyecto de ley sobre la protección de las personas menores en el ámbito digital. Su preámbulo recoge un largo listado de los riesgos que corren los menores en línea. Aterrador. Y, ya en sus primeros artículos, anuncia su estrategia de prevención: conceder al menor un “derecho efectivo a dispositivos y conexión”. Sí, eso mismo. Si tenemos un problema con el alcoholismo, entonces vamos a dar barra libre al alcohol.

Cuando cursé la carrera de derecho hace años en Canadá, me enseñaron que los derechos siempre van con obligaciones correlativas. Así que me pregunto: ¿quiénes tendrán la obligación de proporcionar al chaval de 12 años el Smartphone y la conexión a internet? ¿Los padres? ¿Quién va a ser si no? Un disparate. Una locura absoluta. Una barbaridad que promociona

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