El Poder Judicial y el Ministerio Público han manifestado su firme oposición a la propuesta de la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, que busca restablecer la figura de los "jueces sin rostro". Esta propuesta fue discutida durante una mesa de trabajo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, donde se recordó que esta medida ya fue implementada en el pasado y resultó en un fracaso. Ambas instituciones advirtieron que la reintroducción de los jueces sin rostro podría vulnerar los compromisos asumidos por Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La congresista Juárez justificó su propuesta alegando un aumento en las amenazas contra fiscales y jueces por parte de organizaciones criminales. Sin embargo, tanto Braulio Andrade, jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, como el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coincidieron en que esta figura no es la solución adecuada. Andrade explicó que la experiencia pasada con los jueces sin rostro fue negativa y que su implementación afecta el derecho de defensa. "Con el tema de jueces sin rostro sí es un poquito más complicada esa situación, porque ya tenemos antecedentes sobre ellos, sobre la constitucionalidad declarada sobre ello a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", indicó. Además, propuso alternativas como la centralización de procesos judiciales para mejorar la seguridad de los magistrados. Por su parte, el fiscal Chávez Cotrina también se opuso a la medida, recordando que las sentencias emitidas por jueces sin rostro en el pasado fueron anuladas por organismos internacionales. "Yo creo que no es la salida los jueces sin rostro", afirmó. La congresista Juárez, en defensa de su propuesta, mencionó que tanto ella como una fiscal de San Juan de Lurigancho han sido amenazadas por organizaciones criminales, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes enfrentan a estas mafias. La discusión sobre el regreso de los jueces sin rostro continúa generando controversia, mientras las autoridades buscan alternativas para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales en un contexto de creciente criminalidad.