El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha confirmado la condena de dos años y un día de prisión impuesta al exrector de la parroquina mallorquina de Can Picafort, Pere Barceló, por abusar sexualmente de una menor de edad cuando ésta tenía entre 6 y 7 años y acudía a catequesis. La Fiscalía reclamaba inicialmente diez años de prisión para el expárroco, quien ya fue condenado en 2016 a seis años de cárcel por violar a una monaguilla en más de diez ocasiones. Se da la circunstancia de que Barceló se convirtió en 2013 en el  primer sacerdote expulsado de la Iglesia en España por un caso de pederastia .

La Sala de lo Civil y Penal ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el pasado mes de julio, en la que, además de la pena de prisión, se impuso al acusado la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante cinco años y medio, y la obligación de indemnizarla con 15.000 euros. El tribunal ha desestimado así el recurso de apelación que interpuso el expárroco en aras a aminorar la cantidad indemnizatoria. Los magistrados entienden que el procesado “no proporciona argumentos convincentes” para rebajarla. La resolución también confirma la condena a la Diócesis de Mallorca como responsable civil subsidiario para el caso de que el exreligioso alegue insolvencia.

Los magistrados aprecian que es perfectamente posible, dada la naturaleza de los hechos enjuiciados, que la Audiencia Provincial distinga y haya considerado probados los “manoseos y tocamientos en la vagina” de la víctima que efectuó el acusado “y no de la introducción de dedos, puesto que ésta siempre ha mantenido intacto su relato en cuanto a los tocamientos, así como el lugar, tiempo y circunstancias concurrentes”. De acuerdo con la resolución, “lo único tardío y no corroborado por otros elementos probatorios fue el acceso carnal, lo cual ha sido ponderado en beneficio del acusado y así aparece razonado en la sentencia de manera rigurosa, lógica y con sujeción a las máximas de experiencia”.

La tardanza en denunciar no pone en duda la credibilidad de la víctima

En relación a la tardanza de la menor en denunciar los hechos, la Sala apunta que el retraso en contar lo sucedido y denunciar no supone “un factor de duda en la credibilidad de la víctima de delitos sexuales”, dado que, subraya, “las especiales características de éstos, que favorecen la revictimización al hacer ‘más victimas a la víctimas’, explican que pueda presentarse la denuncia con una elevada diferencia desde la fecha de ocurrencia de los hechos, sin que ello suponga una merma de la credibilidad”.

En la sentencia confirmada, la Audiencia considera que existe suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia del inculpado y asevera que la declaración de la víctima goza de toda verosimilitud. “Los hechos declarados probados -ocurridos entre 2007 y 2008- no ofrecen dudas en cuanto a su naturaleza inequívocamente sexual, pues así se desprende de la propia acción consistente en tocamientos por debajo de la ropa interior” que el acusado realizó a la menor durante una clase de catequesis, reza la resolución. Tampoco existen dudas acerca la “ausencia de consentimiento” de la víctima debido su corta edad, dado que tenía entonces entre seis y siete años, ni de la “posición de superioridad” en la que se encontraba el exrector de Can Picafort, localidad ubicada en el núcleo municipal de Santa Margalida.

“El párroco aprovechó que existía una madera delante de la mesa que impedía que el resto de los niños vieran lo que estaba pasando y las dimensiones de la sala para que los niños estuvieran lejos de la mencionada mesa y así no pudieran percatarse de lo que sucedía”, relatan las magistradas, para determinar que la menor fue una víctima “especialmente vulnerable” tanto por la edad como por la situación en la que sucedieron los hechos.

Condenado a seis años por violar a una monaguilla

Cabe recordar que Barceló ya fue condenado en 2016 a seis años de cárcel -salió de prisión en agosto de 2023- por un delito continuado de agresión sexual tras confesar haber abusado sexualmente y de forma reiterada, entre 1997 y 1998, de una monaguilla que entonces contaba con 10 años de edad. La joven relató ante el tribunal su experiencia entre lágrimas y, visiblemente afectada, recordó cómo en 1998 fue violada en más de diez ocasiones mientras el procesado le tapaba la boca y la sujetaba fuertemente para que no pudiera moverse ni escapar.

El sacerdote había sido destinado en junio de 1996 a ejercer su ministerio como párroco de la Iglesia de l'Assumpció de Maria. A principios de 1997 entabló relación con la víctima al acudir ésta a la catequesis de forma regular y realizar labores de monaguilla junto a otro grupo de menores.

Ya en verano de 1997, el eclesiástico fue sorprendido cuando en el sofá de la parroquia abusaba de la menor, momento en el que no fue denunciado. A principios de 1998 llevó nuevamente a la monaguilla a su habitación, violándola hasta en diez ocasiones. El 27 de noviembre de 2012, la joven, ya mayor de edad, denunció los hechos ante la Guardia Civil de Santa Margalida: “Lo solté porque ya no podía más”, explicó.

Expulsión de la Iglesia

El Obispado de Mallorca, con Jesús Murgui al frente, impulsó en noviembre de 2010 una investigación interna con el objetivo de esclarecer la conducta de Barceló, un procedimiento que culminó en marzo de 2011 con la suspensión cautelar del cargo. La Iglesia, que indemnizó a la víctima antes del juicio, impulsó un procedimiento canónico paralelo que concluyó antes que la vía penal: el Tribunal Eclesiástico declaró al presbítero culpable de abusos sexuales a menores, motivo por el que, el 18 de marzo de 2013, en una medida pionera en toda España, lo expulsó del ministerio sacerdotal, la mayor de las condenas expiatorias.

La Diócesis alegó que la decisión de la Iglesia respondía a la comisión de “gravísimos delitos” contra el sexto mandamiento del Decálogo de menores y apelaba al canon 1.395 del Código de Derecho Canónico, que tipifica los delitos sobre abusos sexuales cometidos por un sacerdote y establece que el clérigo que abuse de un menor “debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”.

Precisamente, el entonces Papa Benedicto XVI había proclamado tan sólo tres años antes la 'tolerancia cero' ante las prácticas pederastas cometidas por religiosos. “Habéis traicionado la confianza depositada y debéis responder ante Dios y los tribunales”, llegó a sentenciar el pontífice que convirtió la “limpieza de la suciedad” en uno de los principales propósitos de su Papado. No en vano, una de las primeras iniciativas que adoptó Joseph Ratzinger fue la de exigir al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que había sido investigado por presuntos abusos sexuales durante décadas, que renunciara “a todo ministerio público” y llevara una vida de penitencia. En una década –hasta 2016–,  la Santa Sede recibió 6.000 denuncias por pederastia, como publicó en exclusiva eldiario.es , y expulsó a un millar de sacerdotes.

Un informe inédito tras décadas de impunidad y silencio

En Balears, los protagonizados por Barceló son los casos más flagrantes de cuantos se han producido, pero no los únicos. El Defensor del Pueblo, en un  informe publicado en 2023 tras décadas de impunidad, opacidad y silencio , apuntaba a hasta un total de 18 localizaciones en las islas –entre casas de acogida, parroquias, colegios, residencias y domicilios particulares– en las que fueron notificados abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El documento denunciaba cómo la Iglesia ha ocultado miles de casos de abusos y agresiones sexuales a menores, convirtiéndose en el primer informe oficial e independiente que puso sobre la mesa las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” de la Iglesia, al tiempo que reclamaba la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a los perjudicados.

También en Mallorca, el fallecimiento, el pasado mes de noviembre, del presbítero diocesano Guillem Feliu i Ramis debaja atrás las  sombras que planeaban sobre este sacerdote  natural del municipio de Llubí, donde se quitó la vida a los 64 años. Sobre él pesaban dos denuncias por presuntos abusos a menores cuyo desenlace quedó en agua de borrajas tras su muerte.

Mientras tanto, en junio de 2024, otro sacerdote mallorquín denunciado por un presunto caso de abusos sexuales  reconocía ante una juez que mantuvo relaciones sexuales  con su víctima, una mujer con discapacidad, defendiendo que fueron siempre consentidas y siendo ella adulta. La mujer interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en 2023 en la que aseguraba que el hombre la violó de forma continuada a lo largo de décadas desde que ella tenía 24 años y el hombre, 50. Junto al sacerdote diocesano denunció a dos jesuitas.