Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— La organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS) hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para detener la expansión de la corporativización e integración militar en México, pues advirtieron que esta estrategia afecta la dignidad humana, los derechos laborales, la autonomía de los pueblos y la naturaleza.

De acuerdo con la organización, durante el sexenio pasado se consolidó un modelo comercial de carácter capitalista, neoliberal, racista y patriarcal, mediante el cual las Fuerzas Armadas asumieron el control de múltiples empresas públicas a través del entonces Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), hoy Grupo Mundo Maya.

“Ahora observamos con preocupación que en el actual gobierno las empresas militares se han expandido en el contexto de los nuevos proyectos ferroviarios denominados ‘prioritarios’ o ‘estratégicos’”, señaló CCIS en un posicionamiento público difundido.

“Una experiencia turística completamente militarizada”

El informe detalla que Grupo Mundo Maya ha registrado marcas para múltiples actividades en los sectores de la construcción, transporte, alojamiento, servicios y turismo.

“Ofrecen vuelos en su aerolínea, aterrizajes en sus aeropuertos, transporte en sus trenes, hospedaje en sus hoteles y hasta la venta de alimentos y bebidas producidas por ellos. Se trata de una experiencia turística completamente en manos de los militares”, denunció la organización.

CCIS recordó que el Tren Maya, construido por ingenieros militares y actualmente operado por Grupo Mundo Maya, dejó un saldo de violaciones a derechos humanos y de la naturaleza, por lo que exigió medidas efectivas para garantizar que no se repita en los nuevos proyectos ferroviarios.

Expansión militar y violaciones de derechos

La organización identificó dos vertientes principales en la estrategia de expansión:
Corporativización militar, mediante la creación y fusión de empresas de participación estatal adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Integración militar, una práctica de tipo holding que busca controlar cadenas de suministro, reducir la competencia y aumentar el poder de negociación de las empresas castrenses frente a proveedores e inversionistas.

En la investigación “¿A qué vinieron? Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los derechos humanos”, CCIS documentó casos de irrupción militar en Calakmul (Campeche) y en los municipios quintanarroenses de Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, con afectaciones que incluyen expropiación de tierras, instalación de bases, presencia constante de personal armado y propaganda militar.

El análisis también advierte que esta presencia se amplía a los nuevos proyectos ferroviarios anunciados por Sheinbaum —como el tren de carga del Tren Maya, la ampliación a Puerto Progreso, el Tren Interurbano México-Toluca y los trenes del corredor interoceánico—, que implicarían la expansión militar de 3 municipios en 2 estados a 30 municipios en 9 entidades federativas.

Muertes laborales y falta de transparencia

CCIS señaló que, durante la construcción del Tren Maya, se registraron al menos 64 personas trabajadoras muertas y 46 lesionadas por presuntos riesgos de trabajo, de acuerdo con un recuento hemerográfico realizado entre 2018 y 2024.
“Estas muertes pudieron evitarse con medidas preventivas y correctivas de seguridad e higiene laboral”, apuntó la organización.

Exigencias al gobierno federal

Ante este panorama, CCIS instó al gobierno federal a no profundizar el involucramiento militar en la vida civil, y a crear un grupo de trabajo especializado para monitorear el cumplimiento de derechos humanos en los proyectos ferroviarios.

“Las Fuerzas Armadas no son incuestionables y deben sujetarse a la normalidad democrática”, enfatizó el comunicado.

Asimismo, exigieron que el Estado mexicano prevenga, investigue y repare integralmente las violaciones de derechos humanos derivadas de megaproyectos, y que las instituciones financieras nacionales e internacionales apliquen sus propias salvaguardas ambientales y sociales.

“Seguiremos esperando que el gobierno explique y rinda cuentas sobre a qué vinieron realmente las Fuerzas Armadas a la Península de Yucatán, y ahora a otros territorios, y que establezca cuándo se van”, concluyó CCIS. ( Noticaribe )