Los empresarios rehuyen ahora de que los autónomos coticen por sus ingresos netos, solo tres años después de consensuarlo, y se oponen a todas las medidas que está planteando Trabajo

España se arriesga a perder hasta 1.400 millones de fondos europeos por retrasar la reforma de las cuotas de los autónomos

“El diálogo social va camino de la UVI”, denunció hace unos días el líder de los empresarios en España, Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE lanzaba la crítica contra el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, justo en la misma semana en la que las patronales han dado un paso determinante en contra de la negociación tripartita: renegar de la cotización por ingresos reales de los autónomos, una reforma clave pactada hace solo tres años y en pleno despliegue, comprometida además con Bruselas, y por cuyo retraso España se arriesga a perder hasta 1.400 millones de euros en fondos europeos. Y no solo eso. La patronal también se han levantado de la negociación sobre el despido nada más comenzar.

Son los dos últimos ejemplos de un giro en la actitud de los empresarios en contra de casi cualquier medida que plantee el Gobierno de coalición –y sobre todo el Ministerio de Trabajo– que, aunque empezó hace tiempo, se ha ido acrecentando. Se trata de un “no a todo”, indican fuentes sindicales, “que no haya ningún acuerdo en nada” que pueda dar aire al Ejecutivo de coalición progresista.

Una muestra significativa, de hace apenas unos días, fue la reacción de Antonio Garamendi a la voluntad del Gobierno de ampliar el permiso por fallecimiento a los 10 días y crear un nuevo permiso para cuidados paliativos, un tema sensible para mucha población. El dirigente patronal tachó la medida de “ocurrencia” en un discurso que ridiculizó la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Yo pediría un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo”, afirmó. Tras la polémica suscitada por sus palabras, el empresario matizó que su crítica no iba dirigida a la propuesta, sino “a las formas” del ministerio.

Ruptura del acuerdo de autónomos

Más allá del tono y del clima de oposición a las nuevas negociaciones, la sorpresa ha llegado con la postura de ATA –el colectivo de autónomos dentro de la patronal– y de la propia CEOE respecto al acuerdo alcanzado en 2022 para que los trabajadores por cuenta propia coticen por lo que ganan en 2032. “Los autónomos ya cotizamos por ingresos fiscales”, afirma ahora Lorenzo Amor, presidente de ATA, cuando debe negociarse la senda de los próximos años hacia esa cotización por ingresos reales y pese a la gran brecha que todavía persiste, sobre todo entre quienes más ganan.

Ni en ATA ni en CEOE aclaran por qué suscribieron entonces una meta en 2032, que en la propia ley aprobada aparece como la fecha a partir de la que los autónomos cotizarán por “la totalidad de los rendimientos netos obtenidos”.

En plena ofensiva de las patronales y varios partidos de derechas contra el aumento de las cuotas en los próximos años, y con críticas también desde la izquierda a su primer planteamiento, el Ministerio de Seguridad Social ha optado por una propuesta de mínimos solo para 2026.

Los colectivos progresistas de autónomos UPTA y UATAE reivindican volver al acuerdo suscrito. “No se puede frivolizar con la protección social ni con las cotizaciones”, sostiene Eduardo Abad (UPTA), que pide “no esconderse” y “dar la batalla” para culminar la reforma consensuada. En el mismo sentido se expresa María José Landaburu (UATAE), algo más pesimista ante el contexto político actual. “La situación es muy muy complicada”, lamenta.

Los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han alertado sobre la trascendencia de la ruptura del acuerdo de autónomos por parte de los empresarios. No solo por el hecho de incumplir un pacto ya suscrito en el diálogo social, sino porque pone en riesgo la llegada de millones de euros en fondos europeos a España y el propio sistema de pensiones públicas, ya que la medida estaba incluida en las últimas reformas para reforzar los ingresos de la Seguridad Social.

Los empresarios se han levantado también de la mesa de negociación para reformar el despido, con el objetivo de adaptarlo a la Carta Social Europea, que acaba de abrir el Ministerio de Trabajo. “No nos vamos a sentar en la mesa, porque la premisa es falsa”, ha justificado el líder de CEOE, respaldándose en la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el actual sistema de indemnización por despido improcedente frente a las decisiones contra España del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Antonio Garamendi ha afirmado también que reformar el despido incumple la reforma laboral pactada en 2021, que excluyó esta materia y se centró en otras cuestiones, como la reducción del empleo temporal y el refuerzo de la parte trabajadora en la negociación colectiva. “Vamos a seguir hablando y dialogando, pero no podemos sentirnos engañados, día sí y día también, saltándose los acuerdos como el caso de la reforma laboral”, ha afirmado el empresario vasco en este caso.

Ofensiva también en los tribunales

Además, se prevé que las patronales recurran ante la justicia el real decreto que prepara el Gobierno para endurecer el registro horario después de que fracasara la ley para reducir la jornada laboral (que también incluía esta medida), que las patronales trabajaron intensamente para boicotear en el Parlamento. La CEOE considera que los cambios en el control horario que pretende incorporar Yolanda Díaz no pueden aprobarse con un reglamento, sin pasar por el Congreso de los Diputados.

También se espera una maniobra similar en los tribunales contra la intención de Trabajo de impedir que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pueda absorberse a través de pluses, otra regulación que las patronales insisten en que no puede articularse vía real decreto, sino que exige rango de ley.

Respecto al aumento del salario mínimo en sí mismo, casi nadie espera una actitud negociadora de la CEOE para la subida de 2026, ya que es un tema que vienen rechazando los empresarios casi todos los años y que genera mucha contestación en algunas patronales, especialmente en las pequeñas y algunas sectoriales, como las del campo.

Este viraje al “no a todo” de las patronales se explica por un cambio sustancial de contexto respecto a la primera legislatura del Gobierno de coalición progresista, en el que se alcanzaron múltiples acuerdos del diálogo social, incluso en materias muy complejas como la reforma laboral, las de pensiones y la Ley Rider, entre otras. Por un lado, el Ejecutivo ahora tiene muchísimas dificultades para sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, debido al contexto interno en la patronal CEOE, que se encamina al fin del segundo mandato de Garamendi, en el pasado cuestionado por sus pactos con el Ejecutivo y con una 'línea dura' a la que conquistar si quiere seguir al frente de los empresarios españoles.