Tegucigalpa – La pretensión del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, de contar actas y sumarse a la agenda constituyente de Libre despierta una tormenta política, jurídica y ética que desnuda el riesgo de un militarismo disfrazado de legalidad en pleno proceso electoral y donde la principal víctima es la democracia al estar en riesgo.

A solo un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras ha cruzado una línea que la Constitución traza con absoluta claridad: la que separa la obediencia militar de la deliberación política, según lo han expuesto juristas y analistas políticos.

Una petición irracional

Su petición al Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener copias de las actas de las J

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