Juana Rivas ha vuelto a sentarse ante un tribunal por un delito de sustracción de menores. Ahora, como sucediera en 2018, la granadina ha comparecido para defender su inocencia en el marco de la denuncia que interpuso su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por la presunta sustracción de su hijo Daniel, al impedir que el niño se marchase con él a Cagliari (Italia). Rivas ha comparecido este jueves ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada insistiendo en la tesis en que todo lo que ha hecho ha sido para proteger al niño, que ahora tiene 11 años.

La granadina, que solo ha respondido a las preguntas de sus abogados, ha llegado al tribunal pasadas las 10 de la mañana, en una declaración ante la jueza que ha durado menos de una hora. A la salida, Juana Rivas ha comparecido brevemente para mostrar su confianza en la justicia y su letrado ha insistido en que se debe escuchar al menor y en que existe base documental y pruebas suficientes que avalan las decisiones adoptadas por la granadina en los últimos meses y que demuestran la violencia a la que se habría sometido a su hijo.

Así, en esta causa, sus letrados basan su argumento legal en que Rivas ha cumplido en todo momento con lo dispuesto por los tribunales, recordando que si Daniel se quedó en Granada el pasado mes de enero es porque una jueza así lo dictaminó con una medida cautelar. Por ello, este viernes presentarán un escrito solicitando al archivo de la causa que pesa contra Juana.

Recorrido judicial en dos países

No en vano, la cronología de los acontecimientos respalda en parte la postura de Juana Rivas y sus abogados. En primer lugar por la medida cautelar que dictó la Justicia el pasado invierno evitando que Daniel se marchase a Italia tras escuchar al menor. Aquello permitió que el niño se quedara en Granada y fuese escolarizado, a la espera de que se adoptase una decisión definitiva. Una situación, la del menor, que empezó a complicarse cuando en febrero la Justicia italiana volvió a otorgarle la custodia en exclusiva a Francesco Arcuri. Esa decisión judicial ha estado rodeada de polémica por varias razones.

La primera es que, según la misma jueza que ordenó la cautelar, Cagliari no había sido informada de que Daniel estaba en España tras invocar el Convenio de la Haya y el interés superior del menor ante los indicios de presuntos malos tratos contra él. La segunda es que cuando en marzo Francesco Arcuri denunció a Juana Rivas por el delito de sustracción de menores por el que está imputada y ha comparecido ante el tribunal, no existe prueba documental de que Juana Rivas hubiese sido notificada de la decisión de Cagliari sobre la custodia.

A ese cruce de decisiones judiciales le siguieron varios episodios procesales más que, tras un intento de la propia jueza de salirse de la causa, finalmente acabó con el archivo de la denuncia en primera instancia el pasado mes de mayo. La magistrada entendía entonces que Rivas no había obrado al margen de la legalidad y que todas las decisiones adoptadas se ajustaban a las leyes y que, de hecho, si se habían cometido irregularidades habían sido a la hora de documentar las dos causas: la de la custodia en Italia y la de la denuncia en Granada. Además, recuerda en su auto de sobreseimiento que el tribunal italiano que decidió la custodia sigue basándose en el falso síndrome de alienación parental (SAP) que está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico al carecer de base científica.

Una causa reabierta

Sin embargo, la Audiencia de Granada reabrió la causa en julio , justo en la semana en la que Juana Rivas y su hijo volvieron a estar en el foco mediático. En aquellos días en los que la presión social e institucional intentaba que Daniel no tuviese que irse a Italia al decaer la medida cautelar que le mantenía en Granada, la Audiencia volvió a imputar a Juana Rivas por la presunta comisión del delito de sustracción de menores por el que ha tenido que declarar ante el Juzgado de Instrucción 4. Daniel finalmente se marchó con su padre y Rivas volvió a recordar el peligro que presuntamente corre el menor por los episodios de violencia física y psicólogica que el niño habría descrito.

Invocando la protección de Daniel, la defensa de Rivas va a solicitar el archivo de nuevo. Porque, dicen, Rivas sólo ha buscado proteger a sus hijos. De hecho, los abogados se retrotraen al inicio de todo el caso cuando en 2016 la granadina presentó una denuncia por malos tratos que no fue tramitada cuando Juana ya había huido junto a sus hijos del domicilio que compartía con Arcuri en Italia. Según la defensa, todo lo que ha ocurrido después se explica por la ineficacia a la hora de dar curso a aquella primera querella, que no sirvió de nada porque Rivas acabó siendo condenada en 2018 a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos al no devolverlos hasta el verano de 2017 cuando pesaban diferentes órdenes judiciales para que lo hiciese. Rivas recibió entonces un indulto parcial que le devolvió la libertad.

Ahora, de nuevo, la estrategia de la defensa se basa en que se está cometiendo de nuevo un error al no escuchar a Daniel, ignorando el interés superior del menor ante la sospechas que pesan sobre Arcuri por presuntos malos tratos contra el niño. De hecho, el italiano está imputado en Italia por la presunta comisión de estos hechos y ya compareció en septiembre en el marco de la causa, que en todo caso puede dilatarse varios años.

“Daniel solamente ha sido escuchado una vez en España por una única jueza, que decidió otorgarle su protección. La ausencia de coordinación entre el Procedimiento Civil y Penal en Italia ha permitido una situación excepcional: que Daniel, con 11 años, sea el principal testigo/víctima del procedimiento por malos tratos impulsado por la Fiscalía Italiana contra su padre, pero que tenga que acudir al juicio de su mano y viviendo en su casa”, lamentan los letrados de Juana Rivas.

En todo caso, confían en que este procedimiento sea archivado y entienden que es un “error en la estrategia legal” de Francesco Arcuri porque les permite poner el foco en la protección del menor. “Juana por fin ha tenido la oportunidad de exponer en España una tras otra, las múltiples pruebas que acreditan la terrible violencia física y psíquica a la que Arcuri ha sometido a Daniel durante todos estos años”, sentencian su defensa.