La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado el recurso de suplicación de una mujer que padece síndrome postcovid y le ha reconocido el grado absoluto de incapacidad con derecho a cobrar el cien por ciento de su base reguladora (1.231,59 euros) desde el cese de la actividad.

En una sentencia recientemente notificada y contra la que cabe recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, la Sala revoca la dictada en marzo de este año por el Juzgado de lo Social número 3 de Santander, que estimó parcialmente las pretensiones de la trabajadora y le reconoció el grado de incapacidad permanente total para su profesión de administrativa.

Pero el tribunal entiende que "el estado clínico de la actora no solo limita para las funda

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