El Gobierno ha iniciado el proceso para pedir la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), un movimiento que ya comenzó en junio de 2024 , y así se lo ha trasladado a la entidad, a la que da un plazo de 10 días para alegar. Lo hace en base a la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática y tras concluir que su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general. Con todo, será la Justicia quien tenga la última palabra.

El Ministerio de Cultura había pedido un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para llegar a las conclusiones a las que ha llegado en una resolución firmada por el ministro, Ernest Urtasun.

El ministerio defiende que la FNFF ( cons

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