CHICAGO (AP) — Un tribunal de apelaciones falló el viernes a favor del gobierno del presidente Donald Trump e impidió que una jueza intente obtener actualizaciones diarias de un funcionario de la Patrulla Fronteriza sobre la represión migratoria gubernamental en el área de Chicago.

La corte declaró que la orden de la jueza federal de distrito Sara Ellis la colocaba “en la posición de una inquisidora en lugar de la de una jueza imparcial”, y la habría convertido en supervisora ​​del funcionario Greg Bovino, lo cual constituye una violación de la separación de poderes.

Ellis, preocupada por los alegatos de uso excesivo de la fuerza y ​​de gases lacrimógenos contra manifestantes, solicitó que Bovino le proporcionara informes diarios a partir del miércoles. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito intervino ese mismo día y suspendió la orden, para luego congelarla definitivamente el viernes.

Mientras tanto, defensores de derechos humanos en Illinois en un caso distinto demandaron el viernes a las autoridades federales por lo que dijeron son presuntas condiciones “inhumanas” en una instalación de inmigración en el área de Chicago.

Abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Illinois, y del MacArthur Justice Center, dicen que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) les han negado a personas detenidas en la instalación de Broadview efectuar llamadas privadas con abogados, y han impedido que miembros del Congreso, líderes religiosos y periodistas entren al edificio, creando una “caja negra” que, según ellos, ha permitido a las autoridades actuar “con impunidad”.

Presuntamente, los agentes también han coaccionado a las personas detenidas en el centro de procesamiento para que firmen documentos que no entienden, llevándolos a renunciar a sus derechos sin saberlo y enfrentar la deportación, según la demanda.

Alexa Van Brunt, directora de la oficina en Illinois del MacArthur Justice Center y principal abogada de la demanda, dijo que los miembros de la comunidad están “siendo secuestrados de las calles, amontonados en celdas de detención, privados de alimentos, atención médica y necesidades básicas, y obligados a renunciar a sus derechos jurídicos”.

“Todos, sin importar cuál sea su estatus legal, tienen derecho a acceder a un abogado y a no estar sujetos a condiciones horribles e inhumanas”, expresó.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, negó las afirmaciones, y señaló que tales alegatos han contribuido a un aumento en las amenazas de muerte contra agentes de inmigración. Dijo que las personas son detenidas sólo brevemente antes de ser trasladadas a instalaciones de detención.

“Cualquier afirmación de que hay condiciones subóptimas en la instalación del ICE en Broadview es falsa. A todos los detenidos se les proporcionan 3 comidas al día, agua, y tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados”, decía el comunicado. “A nadie se le niega el acceso a la atención médica adecuada. Hay un muro de privacidad alrededor del inodoro para los detenidos”.

Los abogados acusan al ICE, al DHS y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de violar el derecho constitucional de los detenidos a un debido proceso y el tener acceso a un abogado, y le han solicitado al tribunal que obligue a las agencias a mejorar las condiciones en ese centro.

La demanda de 76 páginas pinta un panorama desolador de la instalación, que según los abogados está “extremadamente abarrotada” y “huele fuertemente a heces, orina y sudor corporal”. Dicen también que se encontraron insectos en los lavabos, y el hecho de que los inodoros estuvieran obstruidos provocó que se derramara orina en el suelo. Un hombre describió a personas acostadas unas sobre otras y en el baño, sin poder encontrar espacio para dormir.

“Nos trataron como animales, o peor que animales, porque nadie trata a sus mascotas así”, manifestó una mujer en la demanda.

Varias personas dijeron que fueron detenidas en el centro de procesamiento por períodos que van desde un par de días hasta tres semanas.

Durante meses, activistas han expresado preocupaciones sobre las condiciones en la instalación, que ha atraído la atención de miembros del Congreso, candidatos políticos y grupos activistas. Abogados y familiares de personas detenidas en el lugar han dicho que se trata de un centro de detención de facto, donde hasta 200 personas han sido detenidas a la vez sin acceso a asesoría jurídica.

En las instalaciones de Broadview también se han realizado protestas, en las que numerosos manifestantes han sido arrestados. Las protestas están el centro de otra demanda, presentada por una coalición de medios de comunicación y manifestantes, los cuales alegan que agentes federales violaron los derechos que les garantiza la Primera Enmienda constitucional al usar repetidamente gas lacrimógeno y otras armas contra ellos.

Ellis se puso del lado de la coalición previamente este mes, exigió que los agentes federales del área de Chicago usen placas de identificación, y les prohibió el uso de ciertas técnicas de control de disturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas. Más tarde, también exigió que los agentes que poseen cámaras corporales las porten, después de expresar preocupaciones sobre el incumplimiento de su orden inicial.

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Esta historia ha sido actualizada para eliminar referencias incorrectas a protecciones constitucionales específicas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.