La reforma constitucional santafesina de 2025 trazó una línea nítida para el siglo XXI judicial: toda persona tiene derecho a conocer, de forma clara, accesible y comprensible, los criterios, parámetros y lógicas utilizados por los sistemas automatizados de toma de decisiones; y, cuando esas decisiones puedan afectar derechos, a la intervención de una persona humana. A la par, la provincia y quienes prestan servicios de interés público deben adoptar sistemas transparentes y auditables, con evaluación de impacto y resguardos frente a sesgos y discriminación. No es una declaración programática: es una regla de validez.

En 2025, la Corte Suprema de Justicia de la provincia habilitó el uso de IA generativa e instituyó una Guía de Buenas Prácticas como estándar mínimo de implementación, dele

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