La filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que este había defraudado dinero a Hacienda sienta a partir de este lunes en el banquillo por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

El Tribunal Supremo juzgará durante dos semanas si García Ortiz incurrió en este delito por el que las acusaciones particular y popular -entre las que está la pareja de la presidenta madrileña y una asociación de fiscales- solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación.

La Fiscalía, de la mano de la teniente fiscal del Supremo, defenderá que no hay delito, pues "ninguna intervención puede atribuirse" a García Ortiz en la divulgación de ese u otros correos, una tesis

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