Que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo es una humillación institucional. El máximo responsable de velar por la legalidad está, desde hoy, obligado a explicarse ante la Justicia al cobijo de la indiferencia con la que el Gobierno y buena parte del sistema político (PSOE y sus aliados) lo asumen. Álvaro García Ortiz representa la culminación de un modelo de Fiscalía sometida al poder político, que no ha nacido con el PSOE, pero que sí ha perdido con el «sanchismo» todo pudor a la hora de manifestar ostentosamente esa condición. Desde que Pedro Sánchez se permitió aquella frase -«¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso»- no ha habido más que nuevos pasos hacia adelante en su utilización como herramienta política.

Desde entonces, las decisiones del Ministerio Fiscal han es

See Full Page