El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ha tomado la decisión de reducir drásticamente el número de permisos de trabajo otorgados a ciudadanos venezolanos. En 2024, se expidieron 4.275 permisos, mientras que este año solo se han aprobado 757, lo que representa una disminución del 82,29%. Esta reducción se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

Según los datos oficiales, solo se han autorizado dos tandas de permisos en 2025. La primera, de 480 permisos, estuvo disponible del 25 al 28 de marzo, y la segunda, de 277 permisos, se distribuyó entre el 9 y el 11 de junio. Todos estos permisos tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2025. En 2019, el entonces gobierno del Movimiento Nacional del Pueblo implementó un programa de registro que permitió a más de 16.500 venezolanos obtener permisos de trabajo temporales.

A lo largo de los años, muchos venezolanos en Trinidad y Tobago han denunciado situaciones de explotación y discriminación. Además, se ha reportado que 55 ciudadanos venezolanos han sido asesinados en el país entre 2020 y agosto de este año, de los cuales 10 eran mujeres. Siete de estos asesinatos han sido vinculados al narcotráfico.

Recientemente, el Ministerio de Seguridad Nacional emitió un memorándum sobre la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, lo que ha generado preocupación entre activistas y abogados de derechos humanos. Criston J. Williams, un abogado que trabaja con migrantes, advirtió que estas deportaciones podrían vulnerar el debido proceso. “Hay que proteger la seguridad nacional, pero también garantizar los derechos de quienes están documentados”, afirmó.

La situación se ha complicado aún más tras la llegada del destructor estadounidense USS Gravely a Puerto España, lo que ha intensificado las tensiones entre ambos países. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha reaccionado suspendiendo acuerdos energéticos y acusando a Trinidad de ser un “portaviones del imperio estadounidense”. En respuesta, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

La comunidad venezolana en Trinidad y Tobago, que se estima en al menos 29.000 personas, enfrenta un futuro incierto. Empresarios locales han expresado su preocupación por el impacto económico de la reducción de permisos, ya que muchos venezolanos representan una parte significativa de la fuerza laboral en sectores como la construcción y los servicios. La Cámara de Comercio de Chaguanas ha señalado que la falta de renovación de permisos podría llevar a una escasez de mano de obra y un aumento de costos en el mercado laboral.