El 10 de julio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia. Sin embargo, su declaración ha dejado más preguntas que respuestas entre los habitantes de la región. En un comunicado, el Ministerio de Defensa informó sobre una operación aérea de alta precisión en Valdivia, donde se estima que entre 30 y 40 miembros del Clan del Golfo habrían muerto. No obstante, no se presentaron detalles verificables ni se mostraron cuerpos o identidades de los fallecidos.

Sánchez admitió que aún se estaba evaluando el impacto del operativo. "Aún estamos evaluando los resultados, ya que producto del bombardeo hubo un movimiento grande de tierra y estamos determinando cuál fue el daño causado a esa amenaza", declaró. A pesar de la afirmación del Gobierno sobre un golpe contundente, la comunidad local se siente desconcertada. El alcalde de Briceño, Noé Espinosa, expresó que la información fue apresurada y que no se conocían cifras precisas de fallecidos.

"Creo que fue una información muy acelerada, porque hasta no verificar cuántas personas fallecieron no se debió dar una declaración", comentó Espinosa. Mientras tanto, la violencia en la región continúa provocando desplazamientos forzados. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Cedral tuvo que abandonar su hogar debido a amenazas de grupos armados.

Testigos han compartido imágenes del impacto del conflicto, mostrando vainillas en los potreros y muros perforados por balas. También se han difundido fotos de un helicóptero militar extrayendo un cuerpo de la zona. Fuentes militares indican que el saldo real del bombardeo fue de una persona muerta y una herida, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

La zona del bombardeo está en disputa entre el Clan del Golfo y disidencias del Frente 36 de las Farc. Aunque no hay cultivos de coca, la extracción de oro ha intensificado la confrontación. Se rumorea que la región podría tener grandes reservas de oro, lo que ha llevado a una lucha interna entre grupos armados. Desde la ruptura de alianzas, ambos grupos han impuesto impuestos a los mineros, lo que ha generado más tensiones.

A pesar de los compromisos del Clan del Golfo de respetar el proceso electoral y el Derecho Internacional Humanitario, los pobladores de Briceño aseguran que estas promesas no se cumplen. El caso de John Areiza, asesinado tras regresar a su finca, ilustra la fragilidad de la situación. Más de 2.100 personas han sido desplazadas por los enfrentamientos, y aunque muchos han regresado, las condiciones de seguridad siguen siendo mínimas.

El personero municipal de Briceño, Wilmer Moreno Sánchez, informó que la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas comenzó a entregar ayudas humanitarias, pero el temor persiste. En las 23 veredas del municipio, la amenaza de minas y combates sigue latente. "Aquí la gente vive con miedo, con la maleta lista", concluyó un líder campesino, reflejando la angustia de la comunidad ante la inestabilidad en la región.